A cuatro meses del fallecimiento del trabajador precarizado de la Municipalidad de Pozo de Piedra, Nazareno Maza, la causa penal continúa sin imputados y atravesada por un creciente número de denuncias que apuntan tanto a funcionarios municipales como a la fiscal interviniente, Florencia Reartes Sesto. Para la querella, el expediente muestra graves irregularidades, falta de impulso procesal y posibles maniobras para encubrir responsabilidades políticas y administrativas.
Maza, de 25 años, murió el 18 de julio tras un vuelco ocurrido la noche anterior mientras conducía una camioneta oficial del municipio por la Ruta Provincial 144. Pese a que las pericias accidentológicas aún no se habían completado, la fiscal autorizó la devolución del vehículo al municipio bajo la figura de “guardador”. El rodado fue trasladado a un taller local y, posteriormente, depositado en la plaza central de Belén, frente a la comisaría, en condiciones que la querella considera impropias para preservar una evidencia clave.
Desde entonces, la familia de la víctima, representada por la abogada Marcela González, ha impulsado una serie de acciones judiciales para denunciar presuntas maniobras de encubrimiento, alteración de pruebas y negligencia institucional.
En primer término, la querella denunció al intendente José Yapura por presunto encubrimiento y ocultamiento de prueba. Luego, apuntó al secretario de Cultura y Turismo, Hugo Ávila, por peculado y, recientemente, por abandono de persona. Según la presentación, Ávila habría ordenado a Maza realizar traslados oficiales fuera de su horario laboral, sin supervisión y sin estar habilitado como chofer, pese a que el joven se desempeñaba bajo un régimen precarizado.
La causa también suma una denuncia contra Claudio Moreno, jefe del Parque Automotor, por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y homicidio culposo, al haber autorizado —siempre según la querella— la entrega del vehículo oficial a un trabajador no habilitado.
Además, se acusa al secretario General del municipio, Ariel Pascual Escotorín, de falsedad ideológica y manipulación documental. La querella sostiene que el funcionario presentó dos listados diferentes de beneficiarios del seguro de vida del personal municipal, incorporando a Maza recién en el segundo. Para la abogada, esta doble documentación sería un indicio de adulteración posterior a la muerte del trabajador.
La situación procesal se complejizó en las últimas horas, cuando la querella denunció ante Fiscalía General a la fiscal Reartes Sesto por presunta alteración del expediente, falsificación ideológica, desobediencia funcional y fraude contra la administración pública en grado de tentativa.
Entre las irregularidades mencionadas se destacan:
- Doble y triple foliatura del expediente, con más de 50 refoliadas y fojas duplicadas.
- Omisión del peritaje sobre la licencia de conducir de la víctima, clave para determinar sus funciones reales.
- Errores en la descripción del teléfono secuestrado, que comprometerían la cadena de custodia.
- Falta de impulso procesal, al no solicitar una pericia mecánica ampliada del vehículo, no investigar la relación laboral precarizada, no citar a los funcionarios denunciados ni ordenar el secuestro de documentación municipal.
La Procuración General ya había iniciado un sumario en septiembre por otras denuncias vinculadas al desempeño de Reartes Sesto, aunque ese proceso aún no concluye.
A cuatro meses del hecho, la investigación continúa sin imputaciones formales, mientras se multiplican los señalamientos por presunto encubrimiento institucional y mal desempeño de funciones, tanto en el ámbito municipal como en el judicial.
Para la familia de Maza, la falta de avances evidencia un “bloqueo deliberado” destinado a proteger responsabilidades políticas y administrativas en el manejo de personal precarizado y vehículos oficiales.
