En una entrevista de fuerte contenido judicial e institucional, el abogado Alfredo Aydar cuestionó duramente el accionar de la Justicia Federal y provincial de Catamarca y sostuvo que las recientes declaraciones de Elpidio Guaraz vuelven a poner sobre la mesa una hipótesis clave que, según afirmó, fue sistemáticamente ignorada: la posible vinculación entre el crimen del exministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas y la megacausa por estafas de Adhemar Capital.
Aydar, quien integra la querella en causas sensibles de la provincia, señaló que ni el juez federal Miguel Ángel Contreras ni el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz impulsaron medidas para investigar esa conexión, pese a los pedidos formales realizados en el expediente Adhemar Capital. “Cuando solicitamos que se investigue la posible relación entre el asesinato del ministro Rojas y la causa de estafas, no hubo reacción alguna. Fue una indiferencia absoluta”, afirmó.
Según explicó, esa inacción no sería un hecho aislado sino parte de un patrón: la falta de voluntad del fuero federal para avanzar cuando las investigaciones rozan al poder político provincial o a personas de su entorno. En ese marco, recordó que fueron rechazados todos los pedidos para citar como testigos a la exintendenta Roxana Paulón y, especialmente, al gobernador Raúl Jalil.
Aydar subrayó un episodio que calificó como “grave e inusual”: cuando se solicitó formalmente la citación del gobernador Jalil, apareció un escrito del entonces abogado defensor de Pablo Olmi —imputado en la causa Adhemar— oponiéndose a que el mandatario declare. “La pregunta es inevitable —planteó—: ¿acaso un gobernador necesita ser defendido por el abogado de un imputado para no presentarse ante la Justicia?”.
En la entrevista, el abogado anticipó que las declaraciones de Guaraz probablemente serán descalificadas por sectores mediáticos alineados con el poder provincial, pero consideró que el eje central ya quedó expuesto. “La hipótesis está planteada y el poder político de Catamarca va a tener que dar explicaciones en la Justicia por el brutal asesinato del ministro Rojas”, sostuvo.
Aydar también recordó una denuncia presentada ante la Oficina Anticorrupción de la Nación, en la que solicitó que se investigue la gestión anterior del Ministerio de Desarrollo Social, encabezada por Maximiliano Rivera. El planteo apuntaba a esclarecer un presunto desfalco millonario que, según indicó, Juan Carlos Rojas habría estado a punto de denunciar antes de ser asesinado. Tras esa presentación, Rivera habría respondido con ataques personales, aunque —según Aydar— nunca dio explicaciones sobre si era inversor de Adhemar Capital ni sobre el origen de los fondos utilizados.
A partir de estos antecedentes, el abogado sostuvo que en Catamarca podría operar una “estructura sistemática” integrada por sectores del poder político, judicial y mediático. “Cuando alguien amenaza con exponer la corrupción del sistema, la respuesta es inmediata: le arman una causa, lo escrachan, lo imputan o lo silencian”, afirmó.
Como ejemplos, mencionó su propia situación judicial luego de solicitar que se investigue a personas del entorno del gobernador, así como el caso de Fernando Rojas, hijo del ministro asesinado, quien tras declarar públicamente sobre presuntos faltantes de fondos y posibles vínculos con Adhemar, fue señalado mediáticamente como investigado. También citó episodios recientes en los que legisladores opositores fueron rápidamente intimados por la Justicia tras realizar denuncias públicas, mientras que las acusaciones contra el oficialismo no avanzaron.
Para Aydar, el escenario es claro: “El poder político puede decir y hacer lo que quiera sin ser investigado, pero cuando alguien que no pertenece al jalilismo denuncia algo, la reacción judicial es inmediata”. Advirtió que esta dinámica representa una situación “triste y peligrosa” para la democracia provincial.
Finalmente, sostuvo que las declaraciones de Elpidio Guaraz no se agotarán en manifestaciones públicas. “Entiendo que puede haber información relevante, tanto de la causa Rojas como de la megacausa de estafas, que Guaraz o su entorno podrían aportar. No descarto que esto derive en una denuncia de gran impacto judicial”, concluyó.
