La diputada provincial Natalia Herrera realizó una dura publicación en redes sociales para visibilizar una situación que calificó como “inadmisible”: más de 350 Maestras de Apoyo Escolar (MAE) que prestan servicios a través de OSEP llevan más de cuatro meses sin percibir sus honorarios.
Según expuso la legisladora, las profesionales enfrentan pagos atrasados, fragmentados y sin respuestas oficiales claras, en un escenario que no solo vulnera derechos laborales básicos, sino que impacta de lleno en el sistema educativo inclusivo. “Las MAE sostienen la inclusión escolar de niños con discapacidad, pero el Estado las abandona”, señaló Herrera, marcando la contradicción entre el discurso de inclusión y la práctica administrativa.
El rol de las maestras acompañantes va mucho más allá de la adaptación curricular. Su tarea diaria incluye el acompañamiento emocional y conductual de los alumnos, y las convierte en el principal nexo entre el niño, la familia y la escuela. Se trata de un trabajo esencial para el funcionamiento del sistema educativo, pero que —según denuncian— es sistemáticamente menospreciado.
A la falta de pagos se suma una situación de precariedad estructural: las MAE no cuentan con derechos básicos que sí poseen otros trabajadores del sector público, como aguinaldo, vacaciones pagas o estabilidad laboral. Dependen exclusivamente de sus ingresos facturados, hoy demorados, y además perciben honorarios desvalorizados y desproporcionados en relación con la responsabilidad y la carga de trabajo que asumen.
En ese contexto, Herrera planteó un fuerte interrogante político y social: “¿Qué clase de provincia somos si año tras año consentimos que se maltrate y se empobrezca a quienes sostienen el sistema educativo y acompañan a los más vulnerables?”. La pregunta resume el trasfondo del reclamo y vuelve a poner en agenda la deuda del Estado con quienes garantizan, en los hechos, la inclusión educativa.
