La mujer que denunció al exintendente Elpidio Guaraz por graves hechos de violencia sexual volvió a recurrir a la Justicia tras sufrir ataques en redes sociales, presuntamente provenientes de un familiar directo del condenado. Ante esta situación, el Poder Judicial dispuso de manera inmediata una medida de protección conocida como “perímetro digital”.
Guaraz, exjefe comunal de Bañado de Ovanta, departamento Santa Rosa, cumple actualmente una pena de nueve años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y abuso sexual con acceso carnal. Mientras la sentencia se encuentra firme, la víctima alertó sobre nuevas agresiones que, esta vez, se habrían producido en el ámbito virtual.
Según pudo conocer este medio, la joven fue expuesta y atacada a través de redes sociales y otros espacios digitales, lo que motivó la presentación de una denuncia el viernes pasado ante la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género. La causa quedó a cargo de la jueza de Familia y Violencia Familiar y de Género de Primera Nominación, Érica Saccher.
Como primera medida cautelar, la magistrada ordenó un perímetro digital, una herramienta judicial que prohíbe cualquier tipo de contacto o acercamiento hacia la víctima, tanto en el plano físico como mediante medios electrónicos, como redes sociales, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería.
La abogada de la denunciante, Giselle Saseta, explicó que este tipo de conductas vulneran derechos fundamentales de las víctimas de violencia sexual, cuya identidad y datos personales se encuentran protegidos por la legislación vigente. En ese sentido, recordó que tanto la Ley de Víctimas como las Reglas de Brasilia establecen resguardos especiales para personas en situación de vulnerabilidad.
Desde el ámbito judicial remarcaron que el perímetro digital tiene como objetivo brindar una protección integral, reconociendo que la violencia de género también puede ejercerse fuera del espacio físico y que el entorno virtual puede convertirse en un canal de hostigamiento y revictimización.
Marco legal
En 2023, la Ley Nacional 27.736 —conocida como Ley Olimpia— incorporó formalmente la violencia digital como una modalidad específica dentro de la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Esta normativa habilita, entre otras medidas, la eliminación de contenidos ofensivos o dañinos en plataformas digitales y el resguardo de evidencia informática para el avance de las investigaciones judiciales.
La causa Guaraz
Los hechos por los que Guaraz fue condenado ocurrieron en noviembre de 2019, cuando mantenía una relación con una adolescente. De acuerdo con la investigación, el entonces intendente trasladó a la joven contra su voluntad hasta su domicilio, donde la retuvo y la agredió sexualmente.
La denuncia fue formalizada en 2021 y la imputación llegó un año después. El juicio oral se desarrolló en septiembre de 2024 y concluyó con una condena unánime a nueve años de prisión, fallo que fue ratificado por la Cámara de Sentencia y luego por la Sala Penal de la Corte de Justicia. Tras el rechazo de los recursos presentados por la defensa, se ordenó su detención y traslado al Servicio Penitenciario Provincial, en Capayán.
