El accionar de la Policía de la Provincia de Catamarca durante la detención del exintendente Elpidio Guaraz dejó más interrogantes que certezas y encendió una señal de alarma sobre el vínculo entre las fuerzas de seguridad, el poder político y la libertad de prensa. Lejos de un procedimiento normal, el operativo estuvo marcado por un despliegue exagerado y por actitudes hostiles hacia los medios de comunicación que intentaban cumplir con su tarea informativa.
Periodistas y reporteros gráficos fueron hostigados por el propio personal policial, en lo que pareció un intento deliberado de imponer un “silencio total” para evitar cualquier tipo de contacto entre Guaraz y la prensa. El cordón de seguridad fue tan desproporcionado que, en los hechos, la cobertura periodística quedó virtualmente anulada: la prensa fue empujada a distancias absurdas, casi como si se tratara de un operativo secreto y no de la detención de una persona condenada por la Justicia.
La escena no pasó desapercibida. ¿Qué se intentaba evitar? ¿Por qué era necesario un cerco policial de semejante magnitud? ¿A quién podía incomodar una eventual declaración de Guaraz frente a los micrófonos? Las preguntas surgen solas, sobre todo teniendo en cuenta que el propio exintendente había realizado, horas antes, acusaciones de extrema gravedad contra las principales figuras del poder político provincial.
El uso de la fuerza policial como herramienta de bloqueo informativo resulta especialmente preocupante. No existe justificación legal ni operativa para impedir el trabajo de la prensa en un procedimiento de estas características. Mucho menos para recurrir al amedrentamiento, la intimidación o el destrato directo hacia periodistas que se encontraban debidamente identificados y en ejercicio de un derecho constitucional.
El episodio remite a prácticas que se creían superadas. El intento de silenciar, de correr a la prensa, de controlar la imagen y el relato oficial, evoca los peores reflejos de épocas oscuras de la historia argentina, cuando la información era considerada una amenaza y no un derecho. Que esas conductas reaparezcan, aunque sea de manera solapada, resulta alarmante.
La Policía de Catamarca no solo debe explicar por qué actuó de ese modo, sino también quién dio la orden y con qué objetivo. Porque cuando las fuerzas de seguridad dejan de garantizar derechos y pasan a restringirlos, el problema deja de ser operativo y se convierte en institucional.
La detención de Guaraz debía ser un acto de cumplimiento judicial. Terminó siendo un episodio de censura de hecho. Y cuando la justicia utiliza a la policía para callar preguntas incómodas, no se protege el orden: se debilita la democracia.
