A horas de un debate decisivo en la Cámara alta, la discusión por la Ley de Modernización Laboral dejó al descubierto fuertes tensiones dentro del peronismo. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció públicamente maniobras de presión y amenazas contra legisladores que no se alinean con la postura mayoritaria del PJ, en un contexto donde cada voto puede definir el destino del proyecto impulsado por el Gobierno nacional.
El eje de la disputa pasa por el bloque Convicción Federal, integrado por cinco senadores que mantienen una posición autónoma respecto del peronismo tradicional. Ese espacio, del que forma parte el catamarqueño Guillermo Andrada, aparece como determinante en una votación que se anticipa ajustada y cargada de tensiones políticas.
Convicción Federal está conformado por Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Aldo Salino (San Luis), Sandra Mendoza (Tucumán) y Jesús Fernando Rejal (La Rioja). Su definición será clave frente a un bloque peronista mayoritario de 28 senadores que ya manifestó su rechazo a la iniciativa oficialista.
Las advertencias internas salieron a la luz este domingo, cuando Sáenz afirmó que desde la conducción del PJ se lanzaron amenazas directas contra gobernadores y legisladores. Según denunció, se les habría advertido sobre la posible intervención de partidos provinciales si no votan en contra del proyecto. “Les quieren sacar la herramienta electoral”, sostuvo el mandatario salteño en declaraciones televisivas.
De acuerdo con versiones recogidas en el ámbito legislativo, los contactos con los senadores de Convicción Federal se intensificaron en las últimas semanas. Mientras algunos llamados se encuadraron en la negociación política habitual, otros incluyeron advertencias más duras sobre las consecuencias internas de acompañar la reforma laboral promovida por el Ejecutivo.
En paralelo, el Gobierno nacional redobló las gestiones para sumar voluntades en el Senado, en un escenario atravesado por la presión de los sindicatos, la resistencia del kirchnerismo y una creciente fragmentación del peronismo. La discusión ya no se limita al contenido de la ley, sino que expone una disputa de poder puertas adentro del PJ.
Sáenz, al explicar su posición, defendió la necesidad de dar el debate y cuestionó la falta de autocrítica dentro de su propio espacio. “El sistema laboral actual no da respuestas”, afirmó, y advirtió sobre un clima político marcado por el condicionamiento y el apriete al momento de definir el voto. La sesión que se avecina no solo pondrá en juego una reforma estructural, sino también el equilibrio interno del peronismo en el Senado.
