En un contexto de creciente tensión política en Catamarca, la ex diputada provincial Adriana Díaz publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que reflexionó sobre los comportamientos que —según planteó— suelen repetirse cuando figuras de poder enfrentan denuncias graves. Sus declaraciones se inscriben en la polémica generada por las acusaciones de abuso que involucran al diputado Javier Galán.
Sin mencionarlo de manera directa en algunos pasajes, Díaz apuntó a lo que definió como estrategias de “rebranding” utilizadas por dirigentes cuestionados públicamente. En ese sentido, sostuvo que la exposición de imágenes familiares, especialmente con hijos menores, no responde a gestos espontáneos, sino a una construcción discursiva orientada a generar empatía social y desviar el eje del debate.
“La apelación al daño moral a la familia desplaza el foco de la víctima hacia el victimario”, advirtió, al tiempo que cuestionó la idea de que una imagen pública carismática o una vida familiar visible resulten incompatibles con la posibilidad de ejercer violencia. Para la ex legisladora, este tipo de construcciones buscan instalar “falacias” que terminan condicionando la percepción social de los hechos.
En su publicación, también hizo referencia a prácticas más graves que, según señaló, suelen acompañar este tipo de escenarios, como intentos de silenciar testigos o condicionar declaraciones mediante distintas formas de presión. “El objetivo es anular el relato del otro”, expresó, sugiriendo la existencia de mecanismos de poder que exceden el plano mediático.
Díaz remarcó además que la popularidad en redes sociales no constituye una garantía frente a denuncias de esta naturaleza, y subrayó que, ante la existencia de presentaciones formales, es la Justicia el ámbito donde deben dirimirse los hechos.
El mensaje cierra con una advertencia de tono político y social: la necesidad de dejar de observar únicamente la construcción de imagen en redes para prestar atención a los “patrones de comportamiento”. En ese marco, alertó sobre el costo que puede implicar, para la sociedad, sostener figuras públicas sin un análisis crítico de sus conductas.
Las declaraciones de la ex diputada reavivan el debate en la escena política catamarqueña, donde el cruce entre denuncias judiciales, exposición mediática y posicionamientos públicos comienza a configurar un escenario de alta sensibilidad institucional.
