Dos noticias paralelas de distintos ámbitos, les comparto los enlaces de ambas noticias previo a abordar ésta temática:
https://www.bbc.com/mundo/articles/cn97p9e5zj8o
La intersección entre la corrupción judicial y la ciberdelincuencia plantea desafíos significativos para la justicia y la seguridad en el mundo digital. Algunos aspectos clave de este preocupante fenómeno.
El cóctel de la corrupción judicial y la ciberdelincuencia.
La corrupción judicial se refiere a prácticas ilegales donde funcionarios del sistema judicial, como jueces, fiscales y Secretarios Judiciales, actúan de manera parcial a cambio de sobornos o favores, comprometiendo así la integridad del sistema legal.
La ciberdelincuencia involucra actividades ilegales realizadas a través de internet o tecnologías digitales, como el fraude online, el robo de identidad, el phishing y otros ataques cibernéticos.
Es una sinergia muy peligrosa la corrupción judicial y el ciberdelito.
Debido a que la corrupción judicial puede facilitar la ciberdelincuencia al permitir que los delincuentes evadan consecuencias legales. Por ejemplo, los ciberdelincuentes pueden sobornar a funcionarios para ocultar sus actividades, cosechar beneficios o asegurar sentencias benévolas.
No debemos descartar en éste análisis las habilidades de los ciberdelincuentes, quienes planifican la evasión a través de la tecnología, utilizando herramientas como criptomonedas que permiten a los ciberdelincuentes ocultar miles de millones en billeteras frías en la clandestinidad, haciendo difícil rastrear sus actividades y fondos, sin descontar que el uso de softwares maliciosos y bots les permite automatizar ataques y gestionar múltiples operaciones de forma simultánea.
Llegado el momento de implementar sus estrategias de soborno, los ciberdelincuentes pueden identificar vulnerabilidades en el sistema judicial, invirtiendo recursos para sobornar a empleados o funcionarios judiciales claves, que tienen la capacidad de influir en sus casos legales, a ese aspecto debemos sumarle la iInutilidad judicial ante el desafío cibernético.
A éstas alturas, ya nadie duda de capacidades limitadas de los funcionarios judiciales de distintas jurisdicciones, quienes con sus fracasos han dejado constancia de su evidente incapacidad, son muchos los sistemas judiciales que carecen de la tecnología adecuada y de la formación necesaria para investigar crímenes cibernéticos de manera efectiva. Esto incluye la falta de peritos en informática forense y de herramientas para rastrear fondos en criptomonedas. A eso debemos agregar que, si los funcionarios de alto rango ya fueron sobornados o coimeados, no moverán un dedo para buscar rastros de criptomonedas.
La vergonzosa burocracia judicial y la falta de actualización en las leyes pueden hacer que el sistema sea lento para adaptarse a nuevos tipos de delincuencia. Esto crea un vacío que los ciberdelincuentes pueden explotar y aprovecharse de la codicia de funcionarios débiles y con pocas ganas de trabajar.
No son menores las implicaciones sociales y económicas que provoca la impunidad con la que gozan los ciberdelincuentes, el impacto en la confianza pública, al ver que los delincuentes quedan libres y multimillonarios sin que la justicia haya dado ninguna respuesta favorable a la sociedad y solamente haya favorecido a los delincuentes.
Es por eso que la corrupción judicial, combinada con la ciberdelincuencia, erosiona la confianza del público en las instituciones. Cuando los ciudadanos sienten que el sistema no protege sus intereses, la percepción de impunidad siempre va en aumento, mucho más cuando la sociedad los observa a los delincuentes burlarse en la cara de la sociedad al haber sido beneficiados por un sistema corrupto.
Columna de Opinión
Dr. Alfredo Aydar
