Andrada respalda el reclamo de gobernadores por ATN y aclara la legalidad del reparto

El senador nacional por Catamarca explicó que los Aportes del Tesoro Nacional pueden distribuirse de forma discrecional por decreto del Ejecutivo y rechazó que un acuerdo político viole la ley de coparticipación.

El senador nacional por Catamarca, Guillermo Andrada, se pronunció sobre el reclamo de distintos gobernadores al Gobierno nacional por la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en medio de una creciente tensión entre provincias y la Casa Rosada por la asistencia financiera.

Andrada aclaró que la Ley 23.548 establece la creación de un fondo equivalente al 1% de la masa bruta coparticipable para ser destinado a los ATN, y remarcó que dicha normativa prevé que su reparto se realice a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

“El 1% destinado a ATN no se distribuye según el índice de coparticipación. Por ley, su reparto es discrecional y se efectúa por decreto del Ejecutivo”, afirmó el legislador. Citando el artículo 5 de la mencionada ley, Andrada recordó que el Ejecutivo tiene la facultad de reglamentar su distribución «teniendo en cuenta los desequilibrios que se produzcan».

En ese marco, explicó que los ATN están pensados para atender situaciones de emergencia o compensar desigualdades entre jurisdicciones, y que su destino es específico, pero su distribución es flexible.

Además, destacó que un eventual acuerdo político entre la Nación y las provincias para definir el reparto de estos fondos –ya sea por partes iguales, por población o por criterios de emergencia– “es completamente legal bajo la Ley 23.548”.

“Decir que un esquema acordado por decreto para distribuir ATN ‘viola la ley de coparticipación’ es incorrecto. Esa interpretación confunde los ATN con el régimen general de la ley-convenio”, sostuvo Andrada, diferenciando ambas normativas.

En conclusión, el senador catamarqueño remarcó que el debate en torno al reparto de los ATN no es jurídico, sino político: “La ley habilita el instrumento. Mientras se utilicen para compensar desigualdades, el Poder Ejecutivo puede decretar su distribución con el consenso de las provincias. La legalidad está asegurada”, sentenció.

El posicionamiento de Andrada busca respaldar a los gobernadores que exigen una mayor asistencia financiera ante la crisis fiscal de las provincias y apunta a desmontar argumentos jurídicos esgrimidos desde sectores que cuestionan la discrecionalidad en el uso de estos fondos.