El abogado Alfredo Aydar formuló duras críticas al funcionamiento de la Justicia Federal en Catamarca y advirtió sobre lo que considera una “crisis institucional” atravesada por falta de independencia y escasos avances en investigaciones de alto impacto público.
En declaraciones recientes, Aydar apuntó contra el desempeño de jueces y fiscales en causas vinculadas a presuntas estafas millonarias, al sostener que varios de los presuntos responsables continúan en libertad, con su patrimonio intacto y sin que se haya profundizado en investigaciones patrimoniales. Según su análisis, existe un déficit en el seguimiento de la denominada “ruta del dinero”, aspecto clave en este tipo de expedientes.
El letrado hizo referencia puntual a los casos de RT Inversiones y Adhemar Capital, donde —afirmó— la Justicia no habría avanzado sobre posibles vínculos entre las estructuras financieras y sectores del poder político provincial. En ese sentido, mencionó versiones y denuncias públicas que aluden a inversiones de funcionarios, exministros e intendentes, las cuales, según sostuvo, no habrían sido debidamente investigadas.
Aydar también cuestionó el accionar del Juzgado Federal a cargo de Miguel Ángel Contreras y del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, señalando una presunta falta de impulso en líneas investigativas que podrían comprometer a actores políticos relevantes.
Otro de los ejes centrales de sus críticas fue la investigación por la muerte del exministro Juan Carlos Rojas, cuyo esclarecimiento, según Aydar, continúa pendiente.
El abogado sostuvo que no se habría profundizado en una posible conexión entre el Ministerio de Desarrollo Social, durante la gestión de Maximiliano Rivera, y eventuales desvíos de fondos hacia circuitos financieros vinculados a Adhemar Capital. De acuerdo con su planteo, las circunstancias que rodearon la transición en esa cartera y las denuncias públicas previas debieron haber sido objeto de una investigación exhaustiva por parte de la Justicia Federal.
En ese marco, enfatizó que “la Justicia Federal de Catamarca no puede mirar para otro lado cuando existen sospechas de que fondos públicos pudieron haber sido canalizados hacia maniobras financieras millonarias”.
Aydar también puso el foco en la situación de los damnificados por las presuntas estafas, señalando un contraste entre la falta de respuestas judiciales para las víctimas y la situación de presuntos responsables que, según indicó, conservarían libertad, bienes y vínculos de poder.
Desde su perspectiva, las investigaciones deberían ampliarse más allá de los principales acusados e incluir a posibles inversores privilegiados, operadores políticos y funcionarios o exfuncionarios que pudieron haber participado, facilitado o beneficiado de los esquemas financieros investigados.
El abogado advirtió además sobre un clima de temor entre denunciantes y ciudadanos, vinculado —según expresó— a un funcionamiento selectivo del sistema judicial. En esa línea, sostuvo que existen denuncias que no avanzan cuando comprometen al poder político, mientras que otras causas se activan con rapidez cuando involucran a voces críticas del oficialismo.
Para Aydar, este esquema configura un riesgo institucional: una Justicia que deja de actuar con autonomía y pasa a operar, según su visión, como herramienta de protección para sectores de poder y de presión sobre opositores.
En su análisis, también cuestionó el papel de ciertos medios de comunicación, a los que acusó de participar en procesos de “desprestigio” mediante la articulación con causas judiciales. Según planteó, en algunos casos se instalan sospechas en la opinión pública que luego son reforzadas por actuaciones judiciales, generando un impacto negativo en la reputación de las personas involucradas.
“Cuando la Justicia y algunos medios actúan de manera coordinada para afectar a una persona, se debilitan los principios básicos del sistema republicano”, sostuvo.
Finalmente, Aydar advirtió que el principal riesgo es la pérdida de confianza ciudadana en la Justicia. A su entender, la falta de avances en causas sensibles, sumada a la percepción de selectividad en la persecución judicial, debilita el Estado de Derecho.
En ese marco, reclamó investigaciones “sin privilegios ni condicionamientos políticos”, especialmente en los expedientes vinculados a presuntas estafas financieras, lavado de activos y posibles conexiones con el poder político.
“Catamarca necesita una Justicia que investigue al poder, no una Justicia que le tema al poder”, concluyó.
