Un escándalo político sacude al departamento de Antofagasta de la Sierra: el actual diputado nacional y candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza, Francisco Monti, denunció públicamente haber sido censurado en la Radio Municipal, un medio de comunicación que responde directamente al Estado local.
La comitiva libertaria viajó hasta el departamento como parte de su agenda de campaña. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de contacto con los vecinos terminó empañada por un hecho alarmante. Según Monti, fue invitado por la emisora oficial para una entrevista, pero a último momento recibió la notificación de que la nota había sido cancelada por “bajada de línea”. En el video difundido en sus redes sociales, el legislador aseguró que la orden habría llegado de un funcionario que responde directamente al municipio.
Hasta el cierre de esta edición, el intendente Carlos Cusipuma guarda silencio. Su falta de respuesta no hace más que alimentar las sospechas sobre la intervención política en los medios públicos de la localidad.
El episodio no solo expone un gesto autoritario, sino que abre un interrogante mayor: ¿qué clase de democracia se practica en Antofagasta de la Sierra cuando un candidato es silenciado en un medio estatal? Que un candidato no pueda expresarse en tiempos electorales representa un retroceso grave en materia de derechos y libertades.
La censura en un medio privado ya sería inadmisible. Pero que ocurra en una radio financiada con recursos de todos los ciudadanos y que debería garantizar pluralidad de voces, lo convierte en un hecho aún más peligroso. ¿Estamos ante un municipio que gobierna con los mecanismos de una dictadura encubierta? ¿Permitirá la justicia que estas prácticas avancen sin consecuencias?
La democracia se construye con debate, con pluralidad, con voces diversas. Cuando el Estado utiliza sus medios para acallar opositores, lo que está en juego no es solo una campaña, sino la libertad de expresión de toda una comunidad.
