A casi cinco meses del siniestro vial ocurrido el 13 de diciembre de 2025 sobre la Ruta 38, en el departamento Capayán, la familia de Ariana Milagro del Valle Romero volvió a alzar la voz con un duro comunicado que expone no solo el dolor irreparable por la pérdida, sino también una fuerte crítica a la falta de avances judiciales en la causa.
El hecho, que terminó con la vida de la joven y dejó a su hermana menor, Azul Candelaria Mora, con graves secuelas físicas, permanece sin medidas concretas contra el conductor involucrado, José Ashraf Jais Beddur. Según denuncia la familia, el hombre —quien manejaba una camioneta Toyota Hilux perteneciente a la empresa Jais Servicios Mineros y Construcciones SRL— continúa su vida “con total normalidad”, sin restricciones ni imputaciones visibles.
La ausencia de decisiones judiciales es, para los familiares, un signo alarmante de desigualdad en la administración de justicia. “En otros casos similares la Justicia actuó con rapidez y responsabilidad, pero en el nuestro solo encontramos silencio e indiferencia”, sostienen. La frase no es menor: instala una sospecha incómoda sobre posibles criterios selectivos en el accionar judicial, donde no todos los casos parecen recibir el mismo tratamiento.
El expediente, que debería haber avanzado en la determinación de responsabilidades, parece estancado. Mientras tanto, la familia no solo atraviesa el duelo, sino también las consecuencias económicas y sanitarias del hecho. Los tratamientos médicos de la menor herida implican costos elevados que, según relatan, están siendo afrontados con ayuda comunitaria: rifas, ventas y donaciones de vecinos y allegados.
A la par de la crítica institucional, el comunicado deja al descubierto otro aspecto que agrava el conflicto: la falta de contacto o gestos por parte de los responsables. “Nunca recibimos ni un pésame ni unas disculpas”, remarcan, evidenciando un vacío que excede lo judicial y roza lo humano.
En términos jurídicos, la ausencia de medidas cautelares o imputaciones formales a esta altura del proceso resulta, como mínimo, llamativa. En causas de similares características, donde hay víctimas fatales y lesiones graves, lo habitual es que la investigación avance con mayor celeridad, incluyendo pericias, reconstrucciones y eventuales restricciones al imputado. Aquí, según denuncian, nada de eso se ha materializado con claridad.
El caso vuelve a poner en discusión un problema estructural: la percepción de que existen “víctimas de primera y de segunda”, dependiendo de factores extrajurídicos. La familia lo expresa sin eufemismos: “No pedimos privilegios. Pedimos humanidad, responsabilidad y justicia”.
El reclamo no es solo por memoria, sino por acción. “No vamos a callarnos. No vamos a rendirnos”, advierten, en un mensaje que interpela directamente al sistema judicial y a las autoridades responsables de garantizar que una muerte no quede reducida a un expediente sin movimiento.
Ariana ya no está. Azul intenta reconstruir su vida con secuelas. Y la Justicia, al menos hasta ahora, sigue en deuda.
