Una mujer asegura que un chofer de la línea 25 de Agosto la denunció primero y cuestiona las dificultades para realizar su propia denuncia en El Rodeo
Una vecina del departamento Ambato denunció un presunto episodio de violencia de género ocurrido el pasado 13 de agosto mientras viajaba junto a su hija en un colectivo de la empresa 25 de Agosto.
Según su relato, tuvo un inconveniente con su teléfono celular al momento de pagar el boleto. Afirma que el chofer la acusó de no querer abonar y amenazó con dejarlas varadas durante un control policial, frente a otros pasajeros.
La mujer sostiene que finalmente una pasajera pagó el boleto mediante una transferencia y que conserva el comprobante. También asegura que existen testigos del episodio.
Posteriormente, el chofer habría radicado una denuncia en su contra. La mujer considera que se trató de una represalia luego de que le reclamara un trato respetuoso.
Al día siguiente, la Comisaría de El Rodeo le notificó una medida de restricción. La denunciante cuestiona el documento recibido porque, según afirma, no contiene fecha ni hora, presenta errores en su nombre y carece de firma de un funcionario.
Cuando intentó realizar su propia denuncia, asegura que desde la dependencia policial le informaron que no había un comisario disponible para tomarle la exposición.
La mujer cuestiona además al fiscal interviniente porque, según su versión, la restricción fue dispuesta sin escuchar previamente su relato ni investigar los hechos que ella denuncia. También planteó dudas sobre un posible sesgo de género en el tratamiento inicial del caso.
La vecina también recurrió al dispositivo Warmi, pero asegura que encontró dificultades para recibir asistencia efectiva.
Entre otros puntos, señaló que el código QR para denuncias disponible en algunas unidades de transporte de la Capital no estaría presente en los colectivos de la línea 25 de Agosto. También cuestionó las dificultades de comunicación telefónica debido a la mala señal existente en la zona.
Otro de los reclamos apunta a que el chofer continúa prestando servicio en el mismo corredor y que la empresa 25 de Agosto no habría tomado medidas para apartarlo preventivamente.
Desde la Secretaría de Transporte, según indicó la mujer, le señalaron que ante la falta de pago de un pasaje corresponde dar intervención a la Policía. La denunciante cuestionó ese criterio y sostuvo que se trata de un servicio esencial para los habitantes de la zona, donde el transporte constituye una de las principales vías de conexión.
Además, planteó interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización de la empresa y la documentación utilizada para acreditar el pago de los pasajes.
Para la mujer, el caso expone dificultades que exceden el conflicto con el chofer: cuestiona el accionar de la empresa, la respuesta policial, el procedimiento judicial y el funcionamiento de los mecanismos de asistencia para víctimas en localidades alejadas de la Capital.
La denunciante asegura que cuenta con comprobantes de pago, fotografías, documentación, conversaciones y posibles testigos que podrían respaldar su versión y anticipó que continuará intentando realizar formalmente su denuncia.
Las acusaciones formuladas son, hasta el momento, parte de su relato y deberán ser corroboradas por las autoridades competentes en el marco de la investigación correspondiente.
