El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) quedó envuelto en un fuerte escándalo judicial tras la denuncia presentada por la diputada provincial electa Sonia Nabarro contra referentes de su propio partido. La dirigente acusó a Javier Galán —cabeza de lista— y al actual diputado Fernando Baigorri por los presuntos delitos de amenazas, extorsión y asociación ilícita, solicitando que la investigación sea abordada con perspectiva de violencia de género.
La presentación formal ingresó durante la noche a la Fiscalía General y, según se informó, será girada a un fiscal de Instrucción para su tratamiento. Además de Galán y Baigorri, la denuncia también menciona a Norman Arce, dirigente del MID y secretario del legislador, y a Juan Carlos Andrada, a quien Navarro identifica como responsable de una página de contenido político en redes sociales.
De acuerdo al relato de la legisladora electa —quien es docente de profesión—, los hechos se remontan al inicio de la campaña electoral, a fines de septiembre. En ese contexto, señaló que fue convocada junto a otros candidatos a una reunión en el cuarto piso del Hotel Coral, donde se abordó el financiamiento de la campaña. Allí, según denunció, se les solicitó firmar un “pagaré en blanco” para solventar los gastos proselitistas.
Navarro sostuvo que se negó a firmar ese documento, al igual que el contador Cristian Perea Ansinelli —luego electo concejal capitalino—, y que a partir de esa decisión comenzó a sufrir presiones y represalias dentro del espacio político. Entre otros puntos de su denuncia, también indicó que Galán le habría exigido la cesión de todos los conceptos y recursos que le corresponden en su carácter de diputada provincial.
Tras la difusión pública de la denuncia, Javier Galán respondió a través de sus redes sociales. Calificó la acusación como “falsa”, afirmó que busca dañar su imagen y aseguró que ya radicó una denuncia penal contra las personas involucradas en lo que consideró una “opereta”. “Que caiga quien tenga que caer”, expresó el dirigente, quien además sostuvo que las acciones en su contra llegan “tarde”.
El caso abre un nuevo foco de tensión dentro del MID, a pocas semanas de las elecciones, y anticipa un proceso judicial que podría tener fuertes repercusiones políticas e institucionales en la provincia.
