El Foro Catamarca de la Red de Infancia Robada expresó su profunda preocupación ante un caso de pedofilia que tomó estado público en las últimas semanas y que involucra a personas de alto perfil vinculadas a un partido político de la provincia, al tiempo que reclamó una actuación firme de la Justicia y un abordaje responsable por parte de la dirigencia política y los medios de comunicación.
Desde la organización señalaron que, durante este tiempo, optaron por mantener una actitud prudente, evitando debates político-partidarios que —advirtieron— podrían banalizar una situación de extrema gravedad. “La corrupción de niños, niñas y adolescentes es corrupción”, afirmaron, remarcando que las infancias no pueden ser utilizadas como moneda de cambio en disputas coyunturales de poder o en denuncias cruzadas de carácter político o financiero.
En un documento público, el Foro fue contundente al advertir que guardar silencio frente a hechos de esta naturaleza coloca a la sociedad en un lugar de complicidad, especialmente cuando existen personas adultas que, conociendo la situación, no dieron aviso oportuno a las autoridades, tal como lo establecen las leyes vigentes.
Asimismo, manifestaron preocupación porque las denuncias hayan avanzado más por internas políticas que por una convicción real de defensa de los derechos vulnerados, y subrayaron que los derechos de niños, niñas y adolescentes no pueden subordinarse a intereses de adultos ni a especulaciones partidarias.
El Foro recordó que la pedofilia y el abuso sexual infantil son delitos de orden público, ya que afectan directamente al Bien Común, y rechazó de manera enfática cualquier intento de relativizar estos hechos bajo la idea del consentimiento de las víctimas. “Donde hay manipulación afectiva, emocional o de cualquier otra índole, caben todas las medidas punitivas que el sistema jurídico prevé”, señalaron.
En ese marco, cuestionaron un encuadre discursivo que pretende limitar la denuncia únicamente a las víctimas. Consideraron que esta postura es grave y dilatoria, ya que cuando el delito involucra a personas menores de edad, todo adulto que tenga conocimiento de los hechos tiene la obligación legal y moral de denunciar. No hacerlo, afirmaron, constituye complicidad.
Desde la Red de Infancia Robada remarcaron que su posicionamiento no es partidario, sino legal, moral y ético, y convocaron a la sociedad en su conjunto, a los medios de comunicación y a quienes ejercen responsabilidades de gestión —judiciales o legislativas— a evitar tratar estos hechos como asuntos privados.
También solicitaron que la investigación judicial contemple la posible existencia de delitos conexos, como la divulgación de imágenes sensibles u otras tramas vinculadas a intereses económicos o redes de corrupción, tal como habría ocurrido en este caso.
Finalmente, el Foro subrayó que desnaturalizar y problematizar estas conductas es una forma concreta de resguardar a potenciales nuevas víctimas, y reiteró la necesidad de que el Estado y la sociedad actúen con firmeza para garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
