El diputado provincial Hugo Ávila pateó el tablero y encendió la mecha de un escándalo que amenaza con sacudir los cimientos del poder político en Catamarca. Con un pedido formal ante el fiscal federal competente, el legislador solicitó que se abra una investigación sobre la presunta vinculación entre estafadores de las causas Adhemar Capital y RT Inversiones y referentes del poder político provincial.
La denuncia, lejos de ser menor, apunta directo al corazón del sistema: dinero negro de estafas multimillonarias que, presuntamente, terminó lubricando campañas electorales y, a cambio, habría conseguido favores del poder político, como gestiones para liberar a delincuentes detenidos.
Según los fundamentos expuestos por Ávila, las informaciones que circulan desde hace meses —y que nunca fueron desmentidas con seriedad— exponen un esquema de connivencia entre financistas acusados de estafas piramidales y funcionarios que habrían estado dispuestos a “negociar” favores judiciales.
El mecanismo sería tan simple como perverso: aportes millonarios para campañas políticas a cambio de impunidad judicial.
La sospecha de que “el dinero de los estafadores financió la política local” no es nueva, pero ahora toma otra dimensión: un pedido formal para que la Justicia federal investigue sin medias tintas ni pactos de silencio.
Lo que está en juego no es solamente la responsabilidad de algunos políticos o financistas: es la credibilidad del sistema institucional. La ciudadanía, ya golpeada por los escándalos de las estafas financieras, ahora enfrenta la posibilidad de que ese dinero robado haya servido para comprar voluntades, bancar campañas y manipular decisiones judiciales.
“Debe atenderse e investigarse hasta la más mínima probabilidad de aportes ilícitos”, señala Ávila en su escrito, recordando que los sospechados contaban con una capacidad económica monstruosa y un vínculo directo y prolongado con factores del poder político dominante en Catamarca.
La pelota ahora está en la cancha del Ministerio Público Fiscal. La pregunta es si habrá coraje suficiente para investigar hasta dónde llegaron los tentáculos de los estafadores en la política catamarqueña o si, una vez más, se impondrá la lógica del silencio cómplice.
Mientras tanto, la sociedad sigue esperando respuestas, con una mezcla de indignación, desconfianza e incertidumbre, viendo cómo la línea entre criminalidad y poder político se vuelve cada vez más difusa.
Lo cierto es que, si estas acusaciones se comprueban, estaríamos frente a uno de los escándalos políticos más graves de la historia reciente de Catamarca: la política financiada con el dinero de las víctimas de una de las mayores estafas financieras del país.
