El partido GENERAR, a través de los diputados provinciales Tiago Puente, Natalia Herrera, Mamerto Acuña y Laura Quintero, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la posible comisión de delitos contra la administración pública en torno a la obra «Construcción Gasoducto Troncal Lavalle Catamarca». La presentación pide reconstruir una secuencia de actos administrativos y contractuales que podrían haber ocasionado un perjuicio al patrimonio provincial.
La denuncia abarca todo el proceso: la compra anticipada de la cañería en 2021, la licitación y adjudicación de la obra en 2022, su ejecución y certificación, la rescisión del contrato en 2024 y el Acuerdo Conciliatorio suscripto en mayo de 2026.
Ese acuerdo es uno de los ejes de la presentación. Frente a una multa contractual de $1.963 millones aplicada a la empresa MEGA S.R.L. por incumplimientos, la Provincia aceptó el pago de $301 millones, es decir, poco más del 15% de la sanción. El convenio también contempló la liberación de garantías por $922 millones, la renuncia a reclamar eventuales perjuicios y la modificación de antecedentes registrales de incumplimiento de la firma. Los legisladores solicitan que se determine qué informes económicos, contables o de evaluación del riesgo judicial respaldaron esas concesiones.
Otro eje es el destino de los materiales. La Provincia adquirió por $1.827 millones unos 116 kilómetros de cañería de acero destinados exclusivamente a esta obra, que quedó paralizada y sin terminar. La denuncia pide una constatación física e inventario urgente en los predios de acopio, aprovechando que el pliego exigía la identificación individual de cada caño mediante estencilado, a fin de establecer cuánto material se incorporó a la obra, cuánto queda y en qué estado se encuentra.
La presentación plantea además una cuestión institucional: el Acuerdo Conciliatorio fue suscripto por el Fiscal de Estado en comisión, es decir, por el mismo organismo que tiene a su cargo la defensa de los intereses patrimoniales de la Provincia y que ahora debería representarla como eventual damnificada. Por eso los diputados pidieron que se adopten los recaudos necesarios para preservar esa representación.
Al respecto, el presidente del bloque, Tiago Puente, señaló: «No estamos anticipando culpables ni reemplazando a la Justicia. Estamos pidiendo que se investigue por qué la Provincia resignó más de mil seiscientos millones de pesos de un crédito propio, liberó garantías y borró antecedentes de una empresa que había incumplido, y que se diga con qué informes se tomó esa decisión. Si esas razones existen, que se muestren. Y si no existen, que se determine quién decidió y por qué».
Entre las medidas urgentes, la denuncia solicita la constatación e inventario de la cañería, la preservación integral de los expedientes administrativos y de los registros del sistema de gestión documental electrónica, información sobre el estado de cumplimiento del acuerdo y la realización de pericias de ingeniería y contables que permitan cuantificar el eventual perjuicio.
El bloque sostuvo que el control de la obra pública y la defensa de los recursos provinciales forman parte de las obligaciones que asumió ante los catamarqueños.
