Un nuevo revés judicial sacude a la Fiscalía Federal de Catamarca. La Cámara Federal de Tucumán decidió rechazar el recurso presentado por la fiscal subrogante María Delicia Correa y, como consecuencia, ratificó la exención de prisión del contador catamarqueño Gustavo Abel Aparicio, investigado por millonarias transferencias en dólares en el marco del escándalo financiero de Adhemar Capital.

La resolución del tribunal —fechada el 6 de octubre y firmada por los jueces Ricardo Sanjuan, Mario Rodolfo Leal, Marina Cossio y Patricia Moltini— señala que la apelación fue presentada fuera de término y sin la debida firma digital de su autora, lo que configuró un incumplimiento formal insalvable.

Según consta en el expediente, Correa interpuso su apelación recién el 3 de junio a las 8:12, dos días hábiles después del vencimiento del plazo procesal de 24 horas previsto por el artículo 332 del Código Procesal Penal de la Nación. A ello se sumó otra irregularidad: el documento carecía de la firma digital correspondiente y figuraba, en cambio, con la del fiscal subrogante Rafael Vehils Ruiz.

Frente a estas fallas, los camaristas concluyeron que el recurso fue “erróneamente concedido”, por lo que el tribunal se abstuvo de analizar el fondo de la cuestión, dejando firme la decisión del juez federal Miguel Ángel Contreras que había otorgado la exención de prisión a Aparicio.

El fallo, caratulado como “Benegas, Gustavo A. y otros s/ Incidente de Exención de Prisión”, vuelve a exponer las inconsistencias procesales que rodean la actuación del Ministerio Público Fiscal en una de las causas más resonantes de los últimos años, vinculada al colapso del holding financiero que encabezaba Edgar Adhemar Bacchiani.

Para el abogado querellante Alfredo Aydar, la resolución representa “una muestra más de la desidia o complicidad institucional”. “Son tan groseros los errores de la Fiscalía Federal que hasta pareciera que están hechos a propósito”, sostuvo el letrado en diálogo con este medio.

Mientras tanto, el contador Aparicio —a quien se le atribuyen maniobras de transferencia y blanqueo de fondos en dólares— continuará en libertad, amparado por un beneficio que la Justicia confirmó, no por mérito propio, sino por los desaciertos de quienes debían sostener la acusación.

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