Hay algo más inquietante que un fallo judicial controvertido: el blindaje discursivo que ciertos medios despliegan cuando el poder necesita cobertura. La reciente excarcelación de José Aguilar —confeso asesino del cabo Diego Chávez— fue presentada por un sector del periodismo local, autoproclamado guardián de la institucionalidad, como una consecuencia “impecable” de un error procesal. Nada más. Un tecnicismo. Un trámite. “No hay impunidad”, sentenciaron con tono doctoral.
Lo que no dicen —o dicen apenas— es que un hombre que confesó haber matado a un servidor público hoy está en libertad por fallas del propio sistema judicial. Fallas graves. Fallas que no son responsabilidad ni de la víctima ni de su familia. Fallas que tampoco pueden explicarse como simples deslices administrativos cuando derivan en la caída de un veredicto por homicidio agravado.
La narrativa hegemónica insiste en que la Sala Penal “no tenía otra alternativa”. Que el juez director contaminó al jurado. Que la técnica procesal obliga. Que el Estado de Derecho. Que las garantías. Todo correcto en términos formales. Pero el periodismo no puede limitarse a la formalidad cuando el resultado material es la liberación de un homicida confeso tras casi cuatro años de prisión preventiva vencida. Si el sistema falló, la discusión no termina en la pureza doctrinaria del fallo: empieza allí.
Inadmisible es el periodismo hegemónico cuando reduce el debate a una defensa corporativa del Poder Judicial y convierte cualquier cuestionamiento en un acto de barbarie institucional. Para ciertos medios, expresar indignación es un delito. Desde cómodas redacciones sostenidas por contratos de pauta, se descalifica toda reacción social como “linchamiento simbólico”.
El cabo Chávez fue un servidor público. Murió cumpliendo su deber. Resulta llamativo que quienes hoy exigen prudencia quirúrgica a la institución policial sean los mismos que guardan silencio selectivo cuando el error judicial beneficia a un homicida confeso. La sensibilidad parece activarse según la conveniencia editorial.
Se cuestiona con severidad el comunicado del Jefe de Policía, se lo acusa de “condicionar” al futuro jurado y de sembrar zozobra. Pero, ¿qué mensaje se envía cuando el sistema libera a quien reconoció el crimen? ¿Qué impacto social genera esa decisión? ¿Quién mide esa zozobra? Pretender que la Policía —como institución atravesada por la pérdida de uno de sus miembros— reaccione con fría neutralidad académica es desconocer la dimensión humana del hecho.
La discusión sobre si existía o no el agravante por la condición de policía de la víctima es legítima en términos jurídicos. Pero convertir esa discusión en una lección moral contra la fuerza de seguridad, mientras se relativiza el efecto concreto del fallo, es un ejercicio de superioridad retórica difícil de sostener. La sociedad no debate tratados de derecho penal: observa que un homicidio probado terminó, al menos temporalmente, con el responsable en libertad.
El problema de fondo no es la aplicación de garantías constitucionales. Nadie sensato discute eso. El problema es la liviandad con la que se presenta un error judicial estructural como una simple corrección técnica. Si el juez director incurrió en una actuación que “contaminó” al jurado, la gravedad institucional es mayúscula. No es una anécdota. Es una falla que desmorona un juicio entero.
El periodismo que se arroga la representación de la racionalidad institucional debería ser el primero en exigir responsabilidades claras por ese descalabro procesal. En cambio, opta por disciplinar el debate público, señalando a la Policía y a los sectores que expresan indignación como si fueran una amenaza al Estado de Derecho.
La confianza en la Justicia no se construye a fuerza de editoriales condescendientes ni de blindajes retóricos. Se construye con procedimientos sólidos que no se caigan por errores elementales y con decisiones que, además de ser legales, resulten socialmente comprensibles.
Cuando el relato hegemónico elige proteger la forma por sobre el impacto real, termina desconectándose de la ciudadanía. Y cuando el periodismo deja de interpelar al poder judicial con la misma dureza con la que interpela a otros actores, deja de ser contrapeso y se convierte en vocero.
La institucionalidad no se defiende silenciando la crítica. Se defiende haciendo bien las cosas. Y en este caso, alguien —más allá de la Policía, más allá de los editoriales— las hizo mal. Tan mal que un veredicto por homicidio agravado quedó anulado y un asesino confeso volvió a la calle. Eso no se resuelve con adjetivos. Se resuelve con responsabilidades.
