La escena fue tan elocuente como incómoda. Los diputados nacionales por Catamarca dieron quórum para habilitar el debate de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y, acto seguido, votaron en contra. El gesto, presentado por algunos como una maniobra “estratégica”, terminó siendo leído por amplios sectores de la sociedad como una contradicción política difícil de explicar.
Porque en el Congreso no hay ingenuidades: sin quórum no hay sesión, y sin sesión no hay ley. Dar quórum no es un trámite administrativo; es una decisión política que permite que el oficialismo avance con su agenda. Después, el voto negativo puede funcionar como coartada discursiva, pero no borra el hecho central: se habilitó el escenario que el Ejecutivo necesitaba.
La reacción fue inmediata. No solo la militancia peronista expresó su malestar. También lo hicieron dirigentes del peronismo local, e incluso voces del ámbito nacional —sobre todo del kirchnerismo— que no dudaron en utilizar una palabra cargada de peso histórico: traición. No se trata aquí de una exageración retórica. En la cultura política del peronismo, la lealtad no es un concepto ornamental; es un valor identitario. Y cuando se percibe una ruptura entre el mandato popular y la conducta parlamentaria, la acusación emerge con fuerza.
El problema no es únicamente partidario. Es institucional. Los diputados llegaron a sus bancas por el voto de una ciudadanía que mayoritariamente se expresó en defensa de los derechos laborales y bajo consignas claramente opositoras al programa libertario. En campaña se cantó la marcha, se invocó la tradición justicialista y se prometió resistencia frente a cualquier intento de flexibilización. Sin embargo, en el momento clave, facilitaron el debate de una reforma que buena parte de sus electores rechaza de plano.
La pregunta que subyace es incómoda pero necesaria: ¿a quién representan? ¿Al electorado que los consagró o a una lógica de gobernabilidad que, en los hechos, termina favoreciendo al Poder Ejecutivo? La Constitución consagra la división de poderes como principio estructural del sistema republicano. Pero lo ocurrido deja una sensación preocupante: cuando el Ejecutivo necesita avanzar, encuentra los resortes para hacerlo. Y el Congreso, en lugar de erigirse en contrapeso, se convierte en engranaje funcional.
No se trata de negar la complejidad de la política parlamentaria ni de desconocer que la negociación es parte inherente del sistema democrático. Pero hay una línea que, cuando se cruza, erosiona la confianza pública. Y la confianza es el capital más escaso en la política contemporánea.
Para la sociedad que los votó, el mensaje es demoledor: no alcanza con votar en contra si antes se habilita el trámite. No alcanza con discursos encendidos si en la práctica se facilita el avance de aquello que se prometió frenar. La coherencia no es un detalle menor; es la base de la representación.
Lo ocurrido deja una conclusión amarga. En Catamarca, como en buena parte del país, se consolida la percepción de que los poderes no actúan con la independencia que proclaman. Que el que gobierna marca la hoja de ruta y que muchos legisladores, más que representantes del pueblo, terminan siendo ejecutores disciplinados de una lógica que responde a otros intereses.
La palabra traición puede resultar dura. Pero lo verdaderamente grave no es la palabra, sino la fractura de confianza que la provoca. Y esa fractura, si no se repara con hechos claros y posiciones firmes, puede transformarse en un costo político que no se diluye con el paso del tiempo.
