El diputado provincial aseguró que, según información recibida por su abogado, efectivos policiales de civil habrían realizado tareas de investigación sobre sus domicilios particulares, su sede política e incluso procedimientos de geolocalización. Cuestionó el posible uso de recursos del Estado y advirtió sobre las garantías constitucionales y la inmunidad parlamentaria.
El diputado provincial Javier Galán volvió a poner en discusión el alcance de las garantías constitucionales y la inmunidad parlamentaria en Catamarca, luego de denunciar presuntas tareas de vigilancia e investigación policial sobre sus movimientos y espacios personales y políticos.
A través de una publicación en sus redes sociales, el legislador manifestó su preocupación por la información que habría recibido su abogado, según la cual efectivos policiales de civil habrían sido destinados a realizar tareas de investigación en sus domicilios particulares, su sede política y hasta procedimientos de geolocalización.
«¿De qué sirve decir que se respeta la inmunidad parlamentaria si, por otro lado, se despliegan tareas policiales reservadas sobre un diputado?», planteó Galán al comienzo de su descargo, en el que reclamó explicaciones sobre el origen y la legalidad de los procedimientos denunciados.
El legislador sostuvo que la situación excede una cuestión personal y debe ser analizada desde una perspectiva institucional, particularmente por el uso de los recursos del Estado, los controles sobre las fuerzas de seguridad y los límites que establece la Constitución.
En ese sentido, recordó que su banca es producto del voto popular y defendió su función legislativa como representante de los catamarqueños. También vinculó la situación con su actividad política y parlamentaria, señalando que desde la Legislatura plantea reclamos relacionados con trabajadores, docentes, policías, personal de salud, comerciantes y distintos sectores de la sociedad.
«No fui elegido para ser obediente al poder. Fui elegido para representar a la gente», expresó.
Los interrogantes sobre el accionar policial
Uno de los puntos centrales de su planteo estuvo dirigido a determinar quién habría ordenado las tareas denunciadas, bajo qué autorización se habrían realizado y cuál habría sido el objetivo de recopilar información sobre sus movimientos y espacios de actividad política.
Galán reclamó respuestas públicas y formuló una serie de interrogantes: quién dio las órdenes, qué información se buscaba obtener, qué datos fueron recopilados y hasta dónde llegaron los procedimientos.
Si bien aclaró que no pretende impedir una eventual investigación judicial, insistió en que cualquier actuación debe desarrollarse dentro del marco legal y con pleno respeto de las garantías constitucionales.
«No estoy pidiendo impunidad. Si hay una investigación, que se investigue. Pero que se haga dentro de la ley, respetando las garantías y sin utilizar los recursos del Estado de manera arbitraria», afirmó.
La inmunidad parlamentaria, en el centro del debate
En otro tramo de su publicación, el diputado hizo hincapié en que los fueros parlamentarios no constituyen un privilegio personal, sino una garantía institucional destinada a proteger el ejercicio de la representación popular.
Desde esa perspectiva, advirtió que cualquier actuación estatal que pudiera afectar el desempeño de un legislador debe ser examinada con especial atención, sin que ello implique otorgar inmunidad frente a eventuales investigaciones judiciales.
Finalmente, Galán amplió su cuestionamiento y planteó una preocupación que alcanza al conjunto de la sociedad: si los recursos policiales pueden utilizarse de esa manera sobre un representante elegido por el voto popular, qué garantías tiene un ciudadano común frente a posibles tareas de vigilancia o seguimiento.
«No quiero un Estado que vigile a quienes levantan la voz. Quiero un Estado que escuche a quienes necesitan ser defendidos», sostuvo.
El legislador aseguró que continuará con su actividad parlamentaria y que no dejará de denunciar aquello que considere irregular. Mientras tanto, su publicación deja planteada una serie de interrogantes que requieren respuestas institucionales y, fundamentalmente, precisiones sobre la existencia, el alcance y el fundamento legal de las tareas policiales que denunció.
