La reciente liberación de los principales acusados en las causas por estafas millonarias en Catamarca vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Justicia Federal y su alarmante cercanía con el poder político. Lo que debía ser un proceso ejemplar, con cientos de víctimas esperando respuestas, terminó convirtiéndose —según denuncian los propios damnificados— en una nueva muestra de impunidad institucional.
El abogado Alfredo Aydar fue contundente al expresar su indignación: “Tanta lucha, tantas pruebas, tanto aguantar aprietes, para que al final los dejen a todos libres y multimillonarios”. La frase resume el sentimiento generalizado entre quienes confiaron en que, por una vez, el sistema judicial pondría límites a las estructuras delictivas financieras que durante años operaron con total libertad y, en muchos casos, con el aval de sectores del poder.
Aydar apunta directamente al Gobierno de Raúl Jalil, a quien acusa de haber sostenido durante años a estas “estructuras delictivas”, generando una apariencia de legalidad que solo sirvió para “despojar a la gente de sus ahorros, casas y autos”. La denuncia política no es menor: varios nombres del oficialismo aparecen vinculados a los circuitos financieros de Adhemar Capital y RT Inversiones, dos de las firmas más cuestionadas por estafas reiteradas y lavado de dinero.
El escándalo se agrava con las recientes revelaciones del diputado Hugo Ávila, quien aseguró que parte del dinero de las estafas habría sido utilizado para financiar campañas políticas. A esto se suman denuncias sobre presuntas coimas en la Cámara Federal de Tucumán y la participación de intendentes y funcionarios que habrían invertido fondos públicos en estas empresas para “blanquear” dinero de dudoso origen.
En el centro de las críticas aparece el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, quien según Aydar “fue el primero en correr a pedir que los liberen de responsabilidad a los Barone en la causa RT Inversiones”. Para muchos, su actuación en los procesos refleja la subordinación de la Justicia a los intereses de una élite política y económica que se protege a sí misma.
“Lo insoportable —agrega Aydar— no es solo la inacción, sino la hipocresía: que sigan mintiendo en la cara a las víctimas diciendo que investigaron dónde estaba el dinero, cuando no movieron ni un dedo. La única diligencia que tuvo Vehils Ruiz fue reunirse a solas con el estafador Edgar Adhemar Bacchiani, vaya uno a saber para hablar de qué”.
El resultado, a la vista de todos, es devastador: los acusados están libres, las fortunas permanecen intactas y las víctimas sin respuestas. Para Aydar y para una sociedad que observa atónita, la Justicia Federal de Catamarca “ya no representa los intereses del pueblo, sino los privilegios de un círculo de poder que perdió toda vergüenza y conciencia”.
La sensación de impunidad se profundiza cuando el propio sistema judicial intenta acallar a quienes denuncian. Según el letrado, “si lo nombrás o lo cuestionás públicamente, enseguida usan su poder para silenciarte”.
En un contexto de descrédito absoluto, la Justicia Federal catamarqueña enfrenta quizás su peor crisis de legitimidad. Las víctimas no solo reclaman que se haga justicia, sino que se transparente hasta qué punto los vínculos políticos y judiciales permitieron que las estafas prosperaran.
Mientras tanto, el mensaje que recibe la sociedad es claro y demoledor: en Catamarca, los poderosos no solo no pagan por sus delitos, sino que, además, siguen gobernando con la impunidad como ley.
