El diputado provincial Mateo Manti, presentó un proyecto de resolución requiriendo al Poder Ejecutivo Provincial que, en un plazo de 30 días hábiles, brinde precisiones y remita documentación oficial sobre la eventual vinculación de la empresa estatal CAMYEN S.E. con derechos y emprendimientos mineros en áreas de alta sensibilidad ambiental.
La iniciativa busca echar luz sobre la situación administrativa del proyecto denominado «Campo Blanco» y los acuerdos de exploración celebrados con privados, tras tomar estado público una denuncia penal sobre presuntas irregularidades en zonas sujetas a protección ambiental dentro del Campo de Piedra Pómez y el sector de Laguna Purulla.
Ejes centrales del pedido de informes:
• Derechos y convenios vigentes: Se solicita el detalle formal de las actuaciones administrativas, titularidad y convenios de exploración o explotación suscritos por CAMYEN S.E., con especial foco en el proyecto «Campo Blanco».
• Delimitación cartográfica oficial: Requerimiento de mapas y cartografía técnica para determinar si los sectores involucrados se superponen total o parcialmente con los límites del Área Natural Protegida Campo de Piedra Pómez (Decreto N° 1490/2012) o con el Sitio Ramsar de Humedales de Importancia Internacional.
• Intervención y trabajos en el territorio: Se exige informar si se realizaron tareas materiales de prospección, exploración, toma de muestras o apertura de caminos, adjuntando las autorizaciones ambientales correspondientes.
• Cumplimiento de la Ley de Áreas Protegidas: Solicitud de copia de los Estudios e Informes de Impacto Ambiental y verificación de la emisión del dictamen previo que exige el artículo 53 de la Ley Provincial N° 5.070 para proyectos en este tipo de reservas.
Control riguroso sin prejuzgamiento
Respecto al pedido de resolución, el diputado Gabriel Mateo Manti enfatizó que la fiscalización institucional busca aportar certeza técnica y transparencia jurídica:
«La sola existencia de una denuncia no implica responsabilidad, pero sí nos exige solicitar información clara y oficial. No partimos de un prejuzgamiento ni de una incompatibilidad previa, sino del deber constitucional de controlar cómo se gestionan los recursos de Catamarca. Queremos saber qué acuerdos existen, dónde se ubican exactamente y si se cumplió con los controles ambientales que la ley exige para resguardar nuestro patrimonio natural.»
El proyecto invoca las facultades de control de la Cámara de Diputados (Art. 96 de la Constitución Provincial y Ley N° 4.718) y el derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública (Art. 11 de la Constitución Provincial y Ley N° 5.336).
