En la segunda sesión extraordinaria, Diputados aprobó por unanimidad la media sanción al proyecto que establece un régimen de formación y capacitación para la Policía y el Servicio Penitenciario provincial. Esta iniciativa, que contempla modificaciones al Sistema Provincial de Seguridad Pública (Ley Nº 5429), busca adecuar los procesos de formación a agentes de las fuerzas de seguridad profundizando en su profesionalización y el compromiso con el servicio público.
Gustavo Aguirre (Frente de Todos), como miembro informante expresó con convicción que la propuesta de Ley busca más que una mera actualización normativa. “Es una respuesta a los desafíos cambiantes de una sociedad en evolución constante, reconociendo una realidad global que demanda no sólo eficacia, sino también un profundo respeto por los derechos y garantías de cada individuo” indicó. Además, explicó que la iniciativa “plantea la posibilidad de que para ser policía, en cualquier rango, se necesitan por lo menos dos años de formación; ese es el salto cualitativo que se está planteando”.
Por su parte, Enrique Cesarini (PRO), subrayó el trabajo colaborativo en Comisión de Legislación General que permitió el avance de este proyecto, destacando su potencial para mejorar el desempeño del personal y dotarlo de la idoneidad necesaria para sus funciones. Esta visión fue compartida por Natalia Ponferrada (FT), quien enfatizó la importancia de la participación del Ministerio de Educación en este proceso a partir de un enfoque integral en la formación de las fuerzas de seguridad.
Uno de los aspectos más significativos del proyecto es la incorporación de un inciso en el artículo 72 de la Ley Provincial 5429, que establece requisitos éticos y morales para el ejercicio de la rectoría en la estructura de Formación y capacitación. Tiago Puente (UCR) detalló que “queda inhabilitado para el ejercicio de la función todo ciudadano/a que haya sido condenado a pena privativa de la libertad aunque el cumplimiento sea en suspenso y/o inhabilitación en primera instancia y confirmada la sentencia en segunda instancia”.
