La diputada provincial Natalia Herrera, del bloque Generar, cuestionó al Gobierno provincial por responsabilizar a ANSES del déficit financiero que atraviesa la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP) y reclamó que la gestión del gobernador Raúl Jalil asuma las consecuencias de las decisiones políticas que tomó sobre el sistema previsional.
Herrera sostuvo que el Ejecutivo provincial responsabiliza a ANSES por el déficit que debe afrontar la AGAP, pero cuestionó que, al hacerlo, no mencione el impacto que tuvo la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada durante la gestión de Alberto Fernández, que, según señaló, provocó una pérdida de casi el 47% del poder adquisitivo de los jubilados. También recordó que el oficialismo provincial acompañó aquella gestión.
«Hace pocos días, la Justicia reconoció que el cálculo previsional aplicado durante el gobierno de Fernández era inconstitucional. Frente a esto, cabe preguntarse: ¿en qué momento la gestión peronista de Catamarca se va a hacer cargo de lo que le corresponde?», cuestionó la legisladora.
En esa línea, apuntó contra los representantes nacionales del peronismo catamarqueño que acompañaron la ley de movilidad jubilatoria. «Lucía Corpacci, Dante López Rodríguez, Silvana Ginocchio, Dalmacio Mera e Inés Blas fueron los diputados y senadores nacionales que aprobaron la ley de movilidad que les hizo perder casi la mitad del poder adquisitivo a los jubilados. Raúl Jalil ya era gobernador de Catamarca. ¿No pensaron en ese momento en el impacto que esa decisión iba a tener sobre la AGAP? ¿O no les importaba?», planteó.
La diputada también puso en duda el manejo de los créditos otorgados con recursos de la AGAP. Frente a la explicación oficial de que fueron concedidos a tasas positivas, preguntó por qué dejaron de financiarse y reclamó que se den a conocer los datos sobre la recuperación de esos fondos.
Por otra parte, advirtió sobre la incertidumbre que atraviesan más de 15.000 jubilados que cobran el complemento de la AGAP y consideró que necesitan respuestas concretas sobre el futuro de sus haberes.
«El Gobierno provincial debe dejar de buscar responsables afuera y hacerse cargo de las decisiones políticas que tomó», sostuvo Herrera, quien además advirtió que el organismo previsional no puede convertirse en una variable de ajuste.
«Detrás de cada número hay miles de jubilados que trabajaron toda una vida y que tienen derecho a saber qué hicieron con los recursos que les pertenecen y quiénes son los responsables de la situación actual», concluyó.



