Los concejales Diego Figueroa y Eleonora Sopaga del bloque La Libertad Avanza presentaron un pedido formal de informes dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal, con el objetivo de obtener información detallada sobre el funcionamiento del Centro Integral Terapéutico “La Sala”, dedicado a las adicciones y consumos.
La iniciativa surge luego de la visita que efectuaran los concejales al predio, en la cual está ubicado en Sumalao, departamento Valle Viejo, donde funcionaba este centro dedicado a la «atención de personas con consumos problemáticos» y se dieron con la novedad, de que hace más de un año, este programa ya no existiría y que el predio está siendo utilizado por el Servicio Penitenciario Provincial, como «escuela» para los agentes aspirantes a incorporarse al centro penitenciario. En ese contexto, los ediles señalaron la importancia de acompañar la comunicación oficial con datos concretos, verificables y transparentes que permitan evaluar el verdadero impacto del servicio en la comunidad, agregaron.
El pedido de informes solicita, entre otros puntos, conocer si el mismo aún existe y en caso positivo si se trasladó de domicilio y porque razón, la cantidad de personas atendidas desde su creación, el equipo profesional que lo integra, el presupuesto asignado, los programas desarrollados, los resultados obtenidos en términos de tratamiento y reinserción, así como los criterios de ingreso y egreso de los pacientes .
Asimismo, se requirió información sobre convenios vigentes, horarios de atención, capacidad operativa y la existencia de evaluaciones internas o externas que permitan analizar el desempeño del centro.
Desde el bloque remarcaron que la transparencia en la gestión pública no es una opción sino una obligación, y que los vecinos tienen derecho a saber cómo se administran los recursos municipales y qué resultados concretos generan las políticas implementadas.
“El control institucional es una herramienta fundamental para fortalecer las políticas públicas. No se trata de cuestionar, sino de garantizar que los programas funcionen, que lleguen a quienes lo necesitan y que los recursos se utilicen de manera eficiente”, concluyeron.
El Ejecutivo municipal cuenta con un plazo de quince días para responder el requerimiento, conforme a lo establecido en la presentación formal. Figueroa manifestó que “El acompañamiento a personas con consumos problemáticos es una política pública sensible y necesaria, pero justamente por ello debe estar respaldada por información clara que permita medir resultados, eficiencia en el uso de los recursos y alcance real del servicio”, expresaron.
