El sacerdote Renato Rasgido, condenado por delitos de abuso sexual, permanece internado en un centro privado de salud de la Capital catamarqueña, donde recibe atención médica bajo custodia policial. Su traslado se produjo durante el fin de semana, tras una recomendación de los profesionales que siguen su estado clínico.
La derivación respondió a una evolución en su cuadro de salud que requería una atención más compleja que la disponible en el ámbito penitenciario. En primera instancia, el religioso fue atendido en el Hospital San Juan Bautista y, posteriormente, derivado a un sanatorio, donde continúa internado.
El operativo incluyó la intervención del Servicio Penitenciario Provincial y médicos particulares, quienes coincidieron en la necesidad del traslado. Mientras tanto, efectivos policiales permanecen apostados en el lugar para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad dispuestas en función de su situación judicial.
Este nuevo episodio se inscribe en un contexto de fuerte controversia, luego de que días atrás se le otorgara —y posteriormente se dejara sin efecto— el beneficio de la prisión domiciliaria. La decisión generó cuestionamientos en distintos sectores sociales, especialmente por el lugar inicialmente asignado para el cumplimiento de la medida.
En paralelo al seguimiento de su estado de salud, el expediente judicial continúa en análisis. El juez de Ejecución Penal de Segunda Nominación, Eugenio Joaquín Acs Acuña, evalúa actualmente una nueva propuesta de domicilio presentada por un familiar directo del condenado.
La definición sobre este punto será clave para determinar si Rasgido podrá acceder nuevamente al régimen de arresto domiciliario, y en qué condiciones. Para ello, deberán verificarse aspectos vinculados tanto a la seguridad como al entorno del inmueble propuesto.
Así, el caso se mantiene en una doble vía: por un lado, la atención médica que motivó su salida del ámbito carcelario; por otro, las decisiones judiciales aún pendientes que definirán el modo en que continuará cumpliendo su condena.
En este escenario, la situación del sacerdote sigue generando atención pública, en medio de un proceso que combina elementos sanitarios, judiciales y sociales aún sin resolución definitiva.
