Los concejales libertarios Diego Figueroa y Eleonora Sopaga presentaron pedidos de informe dirigidos a la Ministra de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, Daiana Roldán, y a la Secretaria de Protección Ciudadana, Mariela Romero, luego de las declaraciones públicas efectuadas por ambas funcionarias respecto a la necesidad de que los “trapitos” garantizan la seguridad vehicular, ordenan el tránsito y el estacionamiento en la calle durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.
Los ediles cuestionaron duramente el criterio sostenido públicamente por las funcionarias y plantearon fuertes interrogantes institucionales sobre el verdadero rol del Estado en materia de seguridad y control vial.
“Nos dicen que si no están los trapitos habría caos, desorden e inseguridad. Entonces las preguntas que nos hacemos son ¿por qué un particular tiene que hacer de policía para cuidar autos? ¿Por qué un trapito tiene que ordenar el tránsito y el estacionamiento, tareas que corresponden a agentes municipales capacitados y fuerzas de seguridad?”, expresaron.
En ese sentido, señalaron que las propias declaraciones oficiales reconocen implícitamente que el sistema de estacionamiento eventual durante el Poncho depende de estos «particulares» ajenos a la estructura estatal para garantizar funciones esenciales vinculadas al ordenamiento vehicular y la seguridad de los vehículos de los vecinos.
“Si el Estado considera indispensable la presencia de trapitos para evitar robos, daños o desorden vehicular, entonces estamos frente a un reconocimiento gravísimo sobre la incapacidad operativa del sistema formal de control y seguridad pública”, sostuvieron.
Asimismo, los concejales indicaron que buscan conocer bajo qué normativa se otorgan permisos precarios, concesiones o autorizaciones para explotar playas de estacionamiento eventuales, cuáles son los criterios de selección, quiénes son los beneficiarios, cuánto dinero se recauda y cuál es el destino de esos fondos.
“Queremos transparencia. Queremos saber quién autoriza, quién cobra, bajo qué fundamento jurídico se tarifan calles y espacios públicos y por qué el vecino termina pagando para estacionar en sectores que históricamente fueron libres y gratuitos”, remarcaron.
Finalmente, advirtieron que el debate no pasa solamente por el estacionamiento, sino por el modelo de utilización del espacio público.
“La calle pública no puede convertirse en un negocio discrecional administrado entre funcionarios y particulares. El Poncho tiene que ser una fiesta popular, accesible y segura, con reglas claras, igualdad de oportunidades y control estatal real, no una delegación informal de funciones públicas”, concluyeron.
