La Universidad Nacional de Catamarca volvió a quedar en el centro de cuestionamientos por su política de acceso a la información pública. Esta vez, no por un ranking desfavorable, sino por hechos concretos: la falta absoluta de respuesta a dos solicitudes formales realizadas por San Fernando Digital a través de los canales que la propia institución promociona en su “Portal de Transparencia”.
El primer pedido fue enviado el 22 de diciembre de 2025 vía correo electrónico al Responsable de Acceso a la Información Pública. Allí se requirió, de manera detallada, información sobre la contratación de pauta publicitaria institucional realizada por la Casa de Altos Estudios durante el período 2021–2025, incluyendo un desglose específico por ítems. El segundo pedido fue cursado el 5 de febrero de 2026. En ninguno de los dos casos hubo respuesta, notificación de prórroga ni acto administrativo que justificara una eventual negativa.
La omisión no es menor. Según el propio portal institucional, cualquier persona puede solicitar información sin acreditar interés legítimo y la Universidad debe responder en un plazo de 15 días hábiles, con la posibilidad excepcional de una prórroga por otros 15 días, debidamente fundada y notificada antes del vencimiento. La normativa es clara: la falta de respuesta dentro de esos plazos configura una denegatoria injustificada.
La situación resulta aún más contradictoria si se considera que a fines de diciembre de 2025 la UNCA presentó públicamente, en el Rectorado, su flamante Portal de Transparencia Institucional, anunciado como una herramienta destinada a garantizar el acceso público a la información. Sin embargo, el sistema no solo no brindó respuestas, sino que en sus primeros días ni siquiera funcionaba con normalidad, dejando en evidencia una brecha entre el discurso oficial y la práctica administrativa.
El contexto agrava el cuadro. Pocos días antes del lanzamiento, el Índice de Transparencia elaborado por la Agencia de Acceso a la Información Pública arrojó un resultado preocupante: la UNCA obtuvo apenas 22,1 puntos sobre 100, ubicándose en el puesto 160 de 198 organismos nacionales evaluados y entre las seis universidades más opacas del país. Lejos de tratarse de una percepción mediática, se trata de una medición oficial que expone falencias estructurales.
En el acto de presentación del portal, el rector Oscar Arellano afirmó que la universidad “está enviando información permanentemente a la AGN”, en referencia a la Auditoría General de la Nación, como muestra de un supuesto compromiso institucional con la rendición de cuentas. Sin embargo, la transparencia no se mide por declaraciones protocolares ni por la información que se remite a organismos de control, sino por la disposición efectiva a responder a la ciudadanía cuando ejerce su derecho de acceso.
La contratación de pauta publicitaria institucional no es un asunto menor. Se trata de fondos públicos y, por lo tanto, de decisiones que deben estar sujetas al principio de máxima divulgación que la propia universidad dice sostener. La negativa de hecho —por silencio— a brindar esa información no solo contradice la normativa vigente, sino que erosiona la credibilidad institucional.
Una universidad pública no puede reclamar autonomía para administrar recursos y, al mismo tiempo, eludir el control social sobre el destino de esos fondos. Cuando el silencio reemplaza a la respuesta formal, la transparencia deja de ser un principio y se convierte en una consigna vacía.
San Fernando Digital realizó dos pedidos, por vías habilitadas y conforme a los requisitos establecidos. La ausencia de respuesta no es un detalle administrativo: es, jurídicamente, una denegatoria injustificada y, políticamente, una señal preocupante sobre el estado real de la transparencia en la Universidad Nacional de Catamarca.
