La exdiputada provincial puso bajo la lupa las relaciones societarias y comerciales de Luis Gramajo y Francisco Pernasetti y reclamó explicaciones sobre un eventual conflicto de intereses.
La designación de Luis Gramajo y Francisco Pernasetti como representantes de Catamarca en el directorio de TRANSNOA generó nuevos cuestionamientos en el ámbito político provincial. La exdiputada provincial Silvana Carrizo utilizó sus redes sociales para plantear interrogantes sobre los vínculos empresariales de ambos funcionarios y reclamó transparencia respecto de sus relaciones con empresas que mantienen negocios con el Estado.
Bajo el título “TRANSNOA: ¿representan a Catamarca o a sus intereses privados?”, Carrizo puso el foco en el domicilio declarado por Pernasetti y Gramajo: Padre Esquiú 757, San Isidro, Valle Viejo.
Según sostuvo la exlegisladora, esa dirección corresponde a la sede de Interfile Catamarca, empresa que tendría vínculos comerciales con el Estado a través de P&G Servicios S.R.L.
“El vínculo está comprobado”, afirmó Carrizo en su publicación, en la que además sostuvo que Luis Gramajo fue gerente de P&G Servicios S.R.L. y se presenta públicamente como socio gerente de Interfile.
La exdiputada también señaló que Gramajo y Pernasetti aparecerían vinculados en otras sociedades y directorios empresariales, un aspecto que, a su criterio, debería ser esclarecido públicamente ante la responsabilidad que ambos asumieron como representantes de la provincia en TRANSNOA.
El vínculo con empresas contratistas del Estado
Otro de los ejes del planteo de Carrizo está relacionado con las contrataciones obtenidas por P&G Servicios S.R.L.
La exlegisladora afirmó que la firma recibió contrataciones de distintos organismos públicos, entre ellos OSEP, los ministerios de Salud y Educación y la Municipalidad de la Capital, y sostuvo que algunas de esas operaciones se realizaron mediante contrataciones directas.
A partir de estos antecedentes, Carrizo planteó la necesidad de conocer con precisión cuáles son los vínculos societarios, comerciales y profesionales existentes entre las personas designadas para representar a Catamarca y las empresas que mantienen relaciones contractuales con organismos estatales.
El planteo no constituye por sí mismo una prueba de una irregularidad. Sin embargo, la exdiputada sostiene que la existencia de esos vínculos —si fueran acreditados— amerita explicaciones y mecanismos de control para determinar si existe algún eventual conflicto de intereses.
“Representar a la Provincia implica defender el interés de todos”
En su publicación, Carrizo apeló a los principios de ética y transparencia en la función pública y sostuvo que quienes representan al Estado deben actuar con independencia respecto de intereses particulares.
“La ética pública obliga a prevenir conflictos de intereses, informar vínculos comerciales y garantizar que quien representa al Estado actúe con independencia”, expresó.
En esa línea, cuestionó que los espacios de representación que corresponden a Catamarca puedan quedar relacionados con intereses empresariales privados y advirtió sobre la necesidad de transparentar los vínculos antes de que surjan sospechas sobre la utilización de posiciones estatales.
“Los lugares que pertenecen a Catamarca no pueden convertirse en una extensión de negocios privados ni distribuirse como parte de acuerdos políticos”, afirmó la exdiputada.
Finalmente, Carrizo sostuvo que el punto central de la discusión es el interés público y reclamó explicaciones sobre las relaciones señaladas.
“Representar a la Provincia implica defender el interés de todos los catamarqueños”, manifestó, al considerar que cuando representantes del Estado y empresas contratistas comparten vínculos societarios, comerciales o incluso un domicilio, corresponde transparentar esa situación.
El planteo deja así abierto un interrogante que trasciende las designaciones en TRANSNOA: qué mecanismos de control y transparencia existen para garantizar que quienes ocupan espacios de representación de la Provincia puedan ejercerlos sin que sus vínculos empresariales privados generen eventuales conflictos de intereses.
