El diputado provincial Javier Galán volvió a encender el debate político tras cuestionar públicamente el funcionamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicios Políticos, al advertir supuestas irregularidades en el tratamiento de pedidos de desafuero dentro del ámbito legislativo.
A través de una publicación en sus redes sociales, el legislador expresó su preocupación por lo ocurrido en la comisión, donde —según sostuvo— se intenta reactivar de manera repentina el expediente vinculado al pedido de desafuero de la diputada Natalia Saseta, luego de más de dos años sin avances.
Galán puso en duda la oportunidad de este movimiento, al considerar que no se trata de una coincidencia política. “Después de más de dos años sin mover un solo papel, recién ahora quieren armar el expediente y avanzar con urgencia”, señaló, sugiriendo que el cambio de ritmo respondería a intereses coyunturales más que a un funcionamiento institucional regular.
En ese sentido, el diputado vinculó esta reactivación con versiones sobre un eventual pedido de desafuero en su contra, lo que —a su entender— refuerza la hipótesis de una utilización selectiva de los mecanismos legislativos. “Queda muy desprolijo explicar por qué dejaron dormir un desafuero durante tanto tiempo y ahora quieren acelerar otros según la conveniencia política del momento”, remarcó.
Además, Galán fue categórico al anticipar su postura: no acompañará el desafuero de Saseta.
Argumentó que las instituciones no deben ser utilizadas como herramientas para la persecución política ni para “sacar de la cancha” a dirigentes opositores.
El legislador planteó una crítica más amplia al funcionamiento del sistema político, al advertir sobre prácticas que —según afirmó— buscan disciplinar a quienes resultan incómodos para el poder. “Cada vez que aparece alguien que incomoda, buscan condicionarlo o eliminarlo políticamente”, sostuvo.
Las declaraciones del diputado se inscriben en un clima de creciente tensión dentro de la Legislatura provincial, donde los pedidos de desafuero y su tratamiento vuelven a colocarse en el centro de la escena, abriendo interrogantes sobre la transparencia, los tiempos institucionales y el uso político de estos mecanismos.
En este contexto, el planteo de Galán no solo cuestiona decisiones puntuales, sino que también interpela el funcionamiento general de las instituciones y la calidad democrática en la provincia, un debate que promete profundizarse en los próximos días.
