EL RECONOCIDO ABOGADO TUCUMANO LANZÓ UNA DURÍSIMA ADVERTENCIA CONTRA CUALQUIER INTENTO DE RESTRINGIR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CATAMARCA. CUESTIONÓ AL GOBERNADOR, AL DEFENSOR DEL PUEBLO Y EXIGIÓ QUE EL ESTADO ASUMA SUS RESPONSABILIDADES ANTE LOS GRAVES CASOS DE ACOSO ESCOLAR.
El reconocido abogado y querellante tucumano Dr. Alfredo Alejandro Aydar salió al cruce del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, luego de que el mandatario provincial planteara públicamente la necesidad de avanzar en una regulación de las redes sociales, en medio de la conmoción generada por un grave caso de bullying que alcanzó repercusión nacional.
Las declaraciones de Jalil, realizadas a Radio Valle Viejo y difundidas por distintos medios catamarqueños el 30 de octubre, encendieron una nueva controversia sobre los límites del poder estatal y las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión.
Aydar fue categórico al advertir que ninguna iniciativa destinada a combatir el acoso escolar puede convertirse en un mecanismo de censura política.
“BASTA DE AVASALLAMIENTOS: CATAMARCA NO ES UNA PROPIEDAD PRIVADA DE RAÚL JALIL”
El letrado tucumano cuestionó con extrema dureza la orientación que podría adquirir una regulación de las plataformas digitales si se utilizara para limitar las denuncias públicas y las críticas al Gobierno.
Para Aydar, el problema no radica en establecer mecanismos legítimos de protección de niños y adolescentes, sino en el riesgo de que el poder político pretenda controlar quién puede expresarse, qué puede denunciarse y cuáles son las opiniones que pueden circular.
“Pareciera que al gobernador Raúl Jalil no le alcanza con los medios de comunicación y periodistas que, según venimos denunciando, responden a sus intereses políticos. Ahora también pretende avanzar sobre el último espacio de expresión independiente que tienen miles de ciudadanos: las redes sociales”, sostuvo el querellante.
El abogado cuestionó especialmente lo que considera una relación preocupante entre determinados sectores del periodismo catamarqueño y el poder político provincial.
Aydar viene denunciando públicamente la presunta existencia de mecanismos de financiamiento y condicionamiento de medios mediante recursos estatales, y reclamó que se investigue la distribución de la pauta oficial y su eventual utilización para favorecer coberturas afines al Gobierno.
“Si existen periodistas financiados con dinero público para encubrir irregularidades, eso debe investigarse. Y si además se pretende limitar la voz de quienes denuncian desde Instagram, Facebook o TikTok, estaríamos frente a una situación institucional gravísima”, advirtió.
“NO CONFUNDAN LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS CON LA PROTECCIÓN DEL PODER POLÍTICO”
Uno de los cuestionamientos más severos de Aydar estuvo dirigido a la utilización del caso de bullying como fundamento del debate sobre las redes sociales.
El abogado consideró que la verdadera prioridad debería ser investigar las responsabilidades institucionales, las actuaciones de los establecimientos educativos y la eficacia de los mecanismos estatales de prevención.
“Es verdaderamente indignante que, frente al sufrimiento de una adolescente y de su familia, la discusión política termine desplazándose hacia las redes sociales, cuando primero deberían explicarse las fallas de los organismos que tenían la obligación de prevenir, detectar y abordar estas situaciones”, manifestó.
Aydar recordó que la Argentina cuenta con la Ley Nacional 26.892, destinada a promover la convivencia y abordar los conflictos en las instituciones educativas.
Esta legislación contempla expresamente la prevención del hostigamiento, la violencia y la exclusión, incluso cuando estas conductas se desarrollan mediante plataformas digitales.
Por ello, sostuvo que antes de impulsar nuevas restricciones corresponde determinar si los mecanismos de protección existentes funcionaron adecuadamente.
“¿Dónde estaban los controles? ¿Dónde estaban los organismos educativos? ¿Qué medidas preventivas se adoptaron? ¿Cuándo intervino el Estado? ¿Quién responde por las eventuales omisiones institucionales?”, interrogó.
Y agregó:
“EL BULLYING SE COMBATE CON EDUCACIÓN, PREVENCIÓN, CONTROLES Y JUSTICIA. NO SILENCIANDO A LOS CIUDADANOS QUE RECLAMAN RESPUESTAS”.
AYDAR TAMBIÉN CUESTIONÓ AL DEFENSOR DEL PUEBLO: “SU FUNCIÓN ES DEFENDER DERECHOS, NO PEDIR SILENCIO”
El querellante también apuntó contra el defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, cuyas declaraciones públicas sobre el caso provocaron fuertes cuestionamientos.
Distintos medios periodísticos reprodujeron expresiones del funcionario solicitando prudencia en las opiniones públicas, evitar especulaciones y moderar las manifestaciones relacionadas con el conflicto.
Sin embargo, Aydar consideró particularmente desafortunado que un funcionario encargado de proteger los derechos ciudadanos utilice expresiones que puedan interpretarse como un llamado general al silencio.
“Resulta paradójico que quienes tienen la obligación institucional de defender al pueblo aparezcan reclamando que la sociedad modere sus expresiones precisamente cuando exige justicia”, cuestionó.
El abogado reconoció que es indispensable proteger la identidad, la intimidad y la dignidad de los menores involucrados, pero advirtió que esa obligación no puede confundirse con impedir el debate público sobre las responsabilidades de las autoridades.
“UNA COSA ES PROTEGER A UNA MENOR Y OTRA MUY DISTINTA ES PRETENDER QUE TODA UNA SOCIEDAD SE CALLE ANTE UNA POSIBLE INJUSTICIA”.
Para Aydar, una Defensoría del Pueblo debe promover el ejercicio responsable de los derechos, reclamar investigaciones y garantizar la protección de las víctimas, sin desalentar las críticas legítimas al poder.
“JALIL SE MUESTRA LIBERTARIO, PERO PARECE OLVIDARSE DE LA LIBERTAD MÁS ELEMENTAL”
En otro tramo de sus declaraciones, Aydar cuestionó la cercanía política que el gobernador catamarqueño viene exhibiendo con el presidente Javier Milei.
El abogado señaló lo que considera una contradicción entre el discurso político de defensa de las libertades individuales y la posibilidad de promover regulaciones que afecten la expresión ciudadana.
“Raúl Jalil parece haberse convertido en un peronista con peluca. Se muestra cercano a Javier Milei, acompaña su discurso libertario y pretende presentarse como defensor de las libertades. Sin embargo, cuando los ciudadanos utilizan esas libertades para cuestionar al poder, comienza a hablar de regular las redes sociales”, expresó.
Para el querellante tucumano, la contradicción política sería aún más grave si una eventual iniciativa legislativa pretendiera establecer restricciones a las críticas contra funcionarios públicos.
“NO SE PUEDE PREGONAR LIBERTAD EN BUENOS AIRES Y PRETENDER SILENCIO EN CATAMARCA”.
Aydar sostuvo que la libertad de expresión no constituye una concesión graciosa de los gobernantes, sino un derecho fundamental que antecede y limita el ejercicio del poder político.
LA CONSTITUCIÓN NACIONAL PROHÍBE LA CENSURA PREVIA
El abogado fundamentó sus cuestionamientos en las garantías reconocidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
Recordó que el artículo 14 de la Constitución Nacional reconoce expresamente el derecho de publicar ideas por la prensa sin censura previa.
Asimismo, destacó que el artículo 32 establece una protección específica de la libertad de imprenta, mientras que el artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a importantes instrumentos internacionales de derechos humanos.
Aydar hizo especial referencia a la Ley Nacional 26.032, cuyo artículo primero reconoce que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas mediante Internet se encuentra protegida por la garantía constitucional de libertad de expresión.
“Esto significa que expresarse por Instagram, Facebook, TikTok o cualquier otra plataforma digital no constituye un privilegio que pueda conceder o quitar discrecionalmente un gobernador”, explicó.
El letrado también invocó el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica.
Dicha disposición protege la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier procedimiento elegido por las personas.
Además, prohíbe como regla general la censura previa y las restricciones indirectas destinadas a impedir la circulación de opiniones.
Aydar subrayó que las eventuales responsabilidades posteriores deben estar establecidas por ley y responder a finalidades legítimas, como la protección de los derechos de terceros.
Por consiguiente, sostuvo que cualquier regulación de las redes sociales deberá respetar estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
“SI QUIEREN IMPONER SILENCIO, ESTARÁN ATACANDO LAS BASES DE LA DEMOCRACIA”
Aydar advirtió que una eventual utilización de las regulaciones digitales para perseguir opiniones políticas, bloquear denuncias o impedir cuestionamientos contra funcionarios públicos resultaría incompatible con el sistema constitucional argentino.
“Cuando un gobernante pretende decidir qué puede decir el pueblo, quién puede denunciar y cuáles son las críticas permitidas, comienza a destruir los principios elementales del Estado de derecho”, sostuvo.
El abogado señaló que los regímenes autoritarios suelen comenzar debilitando los mecanismos de control ciudadano y restringiendo la circulación de información incómoda para quienes ejercen el poder.
“Una democracia no se mide solamente por la realización de elecciones. También se mide por la posibilidad real de denunciar a los gobernantes, cuestionar a los jueces, investigar la corrupción y reclamar justicia sin sufrir represalias”, manifestó.
Para el querellante, el peligro sería particularmente grave en una provincia donde existen controversias públicas sobre el funcionamiento de las instituciones judiciales y la respuesta estatal ante causas de elevada sensibilidad social.
En ese sentido, recordó sus cuestionamientos a las actuaciones judiciales vinculadas con las investigaciones por Adhemar Capital, otras presuntas estafas financieras y la muerte del exministro Juan Carlos Rojas.
Aydar aclaró que sus críticas forman parte de sus posiciones públicas y de los reclamos que viene impulsando en su actividad profesional.
“CATAMARCA NO PUEDE CONVERTIRSE EN UNA PROVINCIA DONDE LOS PODEROSOS HABLAN Y LOS CIUDADANOS DEBEN CALLARSE”.
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO ES UN DELITO: DENUNCIAR AL PODER ES UN DERECHO
El abogado destacó que las redes sociales se han convertido en herramientas fundamentales para visibilizar situaciones de violencia, denunciar presuntas irregularidades y permitir que ciudadanos sin acceso a grandes medios de comunicación puedan hacerse escuchar.
En ese contexto, consideró que una regulación que termine castigando la crítica política afectaría especialmente a los sectores más vulnerables.
“Muchas veces las redes sociales son el único espacio que tienen las víctimas para denunciar aquello que determinados sectores del poder prefieren mantener oculto”, afirmó.
Sin embargo, diferenció expresamente las denuncias legítimas de las conductas que lesionan derechos de terceros.
Sostuvo que la libertad de expresión no ampara automáticamente las amenazas, el hostigamiento ilícito ni la difusión ilegítima de material íntimo, especialmente cuando involucra a niños y adolescentes.
La protección de las víctimas, señaló, debe realizarse mediante herramientas legales adecuadas, sin imponer prohibiciones generales a la expresión ciudadana.
AYDAR LANZÓ UNA ADVERTENCIA FINAL A RAÚL JALIL
En el cierre de su pronunciamiento, Aydar reclamó que cualquier iniciativa legislativa sobre redes sociales sea sometida a un debate público amplio, transparente y respetuoso de las garantías constitucionales.
También exigió que se investiguen las posibles responsabilidades institucionales en el caso de bullying y que la protección de la víctima constituya una prioridad efectiva.
Finalmente, dejó una definición política y jurídica categórica:
“SEÑOR GOBERNADOR RAÚL JALIL: LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO LE PERTENECE A USTED, NO LE PERTENECE A SU GOBIERNO Y NO LE PERTENECE A NINGÚN SECTOR DEL PODER POLÍTICO”.
“LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN LE PERTENECE AL PUEBLO. ESTÁ PROTEGIDA POR NUESTRA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y POR LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS”.
“COMBATAN EL BULLYING, PROTEJAN A LOS NIÑOS, INVESTIGUEN LAS RESPONSABILIDADES Y HAGAN FUNCIONAR LAS INSTITUCIONES. PERO NO PRETENDAN UTILIZAR EL DOLOR DE UNA VÍCTIMA COMO JUSTIFICACIÓN PARA LIMITAR LAS VOCES CRÍTICAS”.
“CATAMARCA ES UNA PROVINCIA ARGENTINA, NO UN FEUDO. Y EN LA REPÚBLICA ARGENTINA NINGÚN GOBERNADOR ESTÁ POR ENCIMA DE LA CONSTITUCIÓN”.
