El crecimiento sostenido de las estafas piramidales, financieras y bajo modalidad Ponzi en Tucumán, Catamarca y otras provincias del país dejó al descubierto un fenómeno cada vez más sofisticado: estructuras delictivas que combinan una estética de éxito, discursos financieros elaborados y el uso intensivo de herramientas digitales para captar víctimas y dispersar fondos con rapidez y opacidad.
En ese contexto, el abogado Alfredo Aydar se consolidó como una de las voces más firmes en la defensa de los damnificados. Su rol como querellante excede el acompañamiento jurídico: se centra en el análisis detallado de las maniobras, la identificación de patrones de captación y la exposición de posibles responsabilidades que, según sostiene, muchas veces no son investigadas con la profundidad necesaria.
Aydar advierte que estos delitos no pueden abordarse como hechos aislados. Detrás de cada esquema aparece una construcción deliberada de confianza: vehículos de alta gama, viajes, eventos exclusivos, indumentaria de lujo y una presencia constante en redes sociales que proyecta solvencia. Para el letrado, se trata de una estrategia de seducción cuidadosamente diseñada para legitimar una ficción de éxito económico.
El caso Adhemar Capital se presenta como uno de los ejemplos más emblemáticos. Edgar Adhemar Bacchiani fue señalado como figura central de una operatoria que habría combinado captación masiva de inversores, promesas de rentabilidad extraordinaria y una fuerte construcción de imagen. Allí, Aydar identifica el perfil típico del estafador moderno: no sólo vende ganancias, sino que construye credibilidad, admiración y dependencia.
Sin embargo, su intervención no se limita a describir perfiles. En el ámbito judicial, Aydar impulsó medidas concretas, promovió líneas de investigación y cuestionó con dureza lo que considera limitaciones estructurales del sistema. Según su mirada, en causas de esta magnitud no alcanza con perseguir al rostro visible: es imprescindible investigar a quienes facilitaron, omitieron controlar, encubrieron o se beneficiaron indirectamente.
En ese sentido, el abogado fue particularmente crítico con actores del fuero federal. Señaló al fiscal Rafael Vehils Ruiz y al secretario Luis Baracat, a quienes acusó de adoptar conductas que, según su postura, habrían obstaculizado o debilitado el avance de determinadas investigaciones impulsadas por las querellas.
Para Aydar, el problema de fondo es claro: cuando una causa por estafas millonarias no avanza sobre el destino del dinero, los vínculos políticos o económicos y los circuitos de ocultamiento, la Justicia termina favoreciendo la impunidad. Por ello, insiste en que la investigación debe enfocarse tanto en la captación de víctimas como en el seguimiento del dinero y la reconstrucción de las redes que sostienen el esquema.
Las dificultades no son menores. Los fondos suelen moverse a través de billeteras virtuales, cuentas bancarias, plataformas internacionales o circuitos informales. Avanzar en su rastreo requiere decisiones judiciales ágiles, cooperación internacional y herramientas técnicas complejas. Sin embargo, Aydar sostiene que mientras los estafadores operan con velocidad tecnológica, el sistema judicial permanece atado a tiempos burocráticos.
A este escenario se suma un factor clave: la informalidad económica. Muchas víctimas entregan ahorros no declarados, lo que genera temor a denunciar. Para el querellante, los estafadores explotan esa vulnerabilidad como parte del mecanismo de dominación: prometen ganancias excepcionales y luego se amparan en el silencio de quienes temen exponerse.
En este contexto, el rol del querellante adquiere un peso determinante. No sólo implica litigar, sino también contener a las víctimas, ordenar información dispersa, detectar patrones y visibilizar las maniobras. Aydar ha desarrollado una especialización en este tipo de delitos, centrada en desarticular la narrativa del falso empresario exitoso y exigir investigaciones que vayan más allá de lo superficial.
El abogado advierte que los estafadores actuales no improvisan: estudian el mercado, utilizan lenguaje técnico, explotan redes sociales y construyen legitimidad a través de vínculos personales. La expansión del esquema suele comenzar en círculos de confianza —familiares y amigos— y luego se amplifica. La víctima, remarca, no cae sólo por ambición, sino por confianza.
Frente a este fenómeno, Aydar reclama una Justicia Federal más ágil, capacitada y menos permeable a presiones. Plantea la necesidad de incorporar herramientas de análisis financiero, fortalecer la cooperación internacional y adoptar una mirada integral que incluya lavado de activos, encubrimiento y asociación ilícita.
Su postura es contundente: investigar una estafa sin seguir el dinero equivale a dejar intacto el núcleo del delito.
En un escenario donde muchas víctimas perciben que los expedientes se dilatan o pierden impulso, la figura del querellante cobra centralidad. Aydar se posiciona como un actor incómodo, que cuestiona, exige y confronta con estructuras de poder cuando considera que se vulneran derechos.
La lucha contra las estafas Ponzi, concluye, requiere más que declaraciones: demanda decisión política, independencia judicial y capacidad técnica. Porque detrás de cada expediente hay historias de pérdida, confianza quebrada y expectativas frustradas.
Para el abogado, el mensaje es claro: la impunidad comienza cuando una estafa se reduce a un “mal negocio”. Por eso insiste en que, detrás de estas maniobras, suele haber organización, encubrimiento y redes de protección que deben ser investigadas sin concesiones. Y mientras haya víctimas esperando respuestas, asegura, su tarea seguirá orientada a empujar los límites del sistema en busca de verdad y reparación.
