Hay frases que, repetidas hasta el cansancio, terminan convirtiéndose en una especie de verdad oficial. En Catamarca, una de ellas parece instalarse con fuerza: la de “los mejores sueldos”. Una consigna que, en los papeles o en los discursos, suena prometedora, pero que en la práctica revela una realidad mucho más selectiva.
Porque sí, es cierto: en Catamarca hay sueldos que destacan. Son altos, estables, privilegiados. El problema es que no están donde deberían estar.
No están en las aulas, donde docentes sostienen el sistema educativo con salarios que pierden frente a la inflación. No están en los hospitales, donde el personal de salud trabaja al límite, muchas veces sin insumos y con ingresos que no reflejan la responsabilidad que cargan. Tampoco aparecen en las fuerzas de seguridad ni en la vasta estructura de empleados públicos que sostienen el funcionamiento cotidiano del Estado.
Los “mejores sueldos”, curiosamente, parecen concentrarse en otro sector: el de la política. Funcionarios que, lejos de la realidad que atraviesa la mayoría, perciben ingresos que no solo superan ampliamente la media provincial, sino que además se mantienen a resguardo de cualquier ajuste.
En una provincia con enormes recursos naturales, especialmente minera, la contradicción se vuelve aún más evidente. Catamarca produce riqueza. Genera ingresos. Pero esa riqueza no se traduce en bienestar general. No se derrama. No llega.
Así, se consolida una postal incómoda pero persistente: una provincia minera, con dirigentes cada vez más acomodados y una sociedad que, en gran parte, sigue peleando por llegar a fin de mes. Una Catamarca donde el crecimiento parece ser un privilegio y no una política de Estado.
La ironía del eslogan queda entonces al descubierto. Sí, hay “mejores sueldos”. Pero no son los de quienes educan, cuidan, protegen o sostienen el aparato público. Son los de quienes administran —o deberían administrar— una provincia que, a pesar de todo, sigue esperando que la riqueza deje de ser una promesa y se convierta en realidad.
