Tras una disputa de competencia que se extendió durante casi un año, la Justicia Federal dejó firme que la presunta insolvencia fraudulenta vinculada a Edgar Bacchiani y Adhemar Capital debe ser investigada por el fuero ordinario. El expediente ya está en la Fiscalía de Instrucción Nº 8.
El fiscal Juan Manuel Sánchez Ruiz deberá analizar unas 6.000 fojas y 40 anexos para determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar, transferir o desprender bienes que eventualmente debían responder frente a los acreedores.
La investigación por la presunta insolvencia fraudulenta vinculada a Edgar Adhemar Bacchiani y a la estructura de Adhemar Capital SRL tiene, finalmente, un destino definido: la Justicia provincial de Catamarca.
Después de meses de discusión entre el fuero federal y el ordinario, el expediente quedó radicado en la Fiscalía de Instrucción Nº 8, a cargo del fiscal Juan Manuel Sánchez Ruiz, quien deberá determinar si existieron maniobras patrimoniales destinadas a impedir que determinados bienes pudieran ser utilizados para responder ante los acreedores.
La cuestión no es menor. Lo que la investigación busca establecer es si, cuando Adhemar Capital ya atravesaba dificultades para cumplir con sus obligaciones, Bacchiani y otras personas vinculadas a la operatoria realizaron actos de disposición, ocultamiento, transferencia o desapoderamiento de bienes.
Por ahora, se trata de una hipótesis de investigación y no de una conclusión judicial. El fiscal deberá reconstruir qué ocurrió con el patrimonio, quiénes intervinieron y si las operaciones cuestionadas tuvieron como finalidad evitar que esos activos quedaran alcanzados por las medidas destinadas a garantizar los derechos de los acreedores.
Una disputa que terminó en la Justicia provincial
El expediente atravesó una disputa de competencia entre ambos fueros.
La cronología comenzó en mayo de 2025, cuando el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz formuló un requerimiento de instrucción contra Edgar Bacchiani, Zaraive Garcés Rusa y Gustavo Aparicio, por la presunta comisión del delito de insolvencia fraudulenta en concurso ideal con quiebra fraudulenta.
La Fiscalía Federal pretendía que esta investigación quedara vinculada con la causa principal que tramita en ese fuero por la presunta estafa relacionada con Adhemar Capital.
Sin embargo, el 6 de junio de 2025, mediante la sentencia Nº 26, el juez federal Miguel Ángel Contreras rechazó el requerimiento y se declaró incompetente para investigar la presunta quiebra fraudulenta.
El expediente volvió entonces al ámbito provincial.
El 13 de junio de 2025, el fiscal provincial Juan Manuel Sánchez Ruiz planteó una declinatoria de competencia ante el Juzgado de Control de Garantías Nº 4, a cargo de Marcelo Sago. Su argumento era que existían coincidencias entre los hechos y las personas investigadas en ambos expedientes y que, por esa razón, la investigación debía concentrarse en el fuero federal.
Sago remitió las actuaciones a la Justicia Federal.
Pero la discusión no terminó allí.
La Cámara Federal de Apelaciones terminó rechazando la apelación de la Fiscalía Federal y confirmó el criterio de Contreras: la investigación por insolvencia fraudulenta no correspondía al fuero federal.
Con ese criterio firme, el 27 de julio de 2026 el expediente regresó al ámbito provincial. El Juzgado de Control de Garantías Nº 4 lo remitió entonces a la Fiscalía de Instrucción Nº 8, donde continuará la investigación.
La disputa de competencia quedó así cerrada, aunque ahora comienza la etapa más compleja: determinar qué ocurrió efectivamente con el patrimonio involucrado.
Un expediente de unas 6.000 fojas
La investigación que recibió Sánchez Ruiz no es precisamente menor.
El expediente está compuesto por 30 cuerpos, con aproximadamente 200 fojas cada uno. En total, son alrededor de 6.000 páginas, a las que deben agregarse 40 anexos probatorios vinculados con la misma cantidad de hechos que forman parte de la investigación.
El volumen de documentación anticipa una pesquisa que podría demandar un importante trabajo de análisis contable, patrimonial y financiero.
Y allí aparece uno de los principales desafíos para la Justicia provincial: reconstruir operaciones realizadas durante el período en que Adhemar Capital comenzó a tener dificultades para cumplir con sus obligaciones y establecer si alguna de ellas tuvo por finalidad sustraer bienes del alcance de los acreedores.
La cuestión adquiere una dimensión todavía mayor si se tiene en cuenta que una parte de los activos que Bacchiani habría mencionado durante sus declaraciones no necesariamente figuraba formalmente a su nombre.
Los nombres bajo la lupa
De acuerdo con la información incorporada al expediente, entre las personas que podrían ser notificadas o quedar alcanzadas por las actuaciones aparecen Edgar Adhemar Bacchiani, fundador de Adhemar Capital; Zaraive Garcés Rusa, expareja y exsocia; y Gustavo Aparicio, cuya vinculación con la investigación surgió durante 2025.
También aparecen mencionados profesionales y personas vinculadas a operaciones patrimoniales de Bacchiani, entre ellos Carlos Correa, Joaquina Córdoba Gandini, Lucas Retamozo, Iván Segovia, Alejandro Segli y Luis Gribaudo, además de otros denunciados que surgen de las actuaciones.
La inclusión de estos nombres no implica, por sí misma, responsabilidad penal. Será la investigación la que deberá establecer qué participación concreta tuvo cada persona, si existió una conducta ilícita y, eventualmente, cuál habría sido su intervención.
De hecho, varios de estos nombres ya habían aparecido en declaraciones realizadas anteriormente por Bacchiani dentro de la causa federal.
El patrimonio que todavía debe ser reconstruido
Uno de los puntos centrales de la investigación será determinar cuál era realmente el patrimonio disponible y qué ocurrió con los bienes que podrían haber formado parte de la garantía de los acreedores.
Durante una declaración incorporada a la causa federal, Bacchiani mencionó distintos inmuebles que aseguró haber adquirido total o parcialmente.
Entre ellos aparecen un campo de aproximadamente 39 hectáreas en Valle Viejo, un loteo denominado Wika, además de locales comerciales, lotes, dúplex y otras propiedades.
Sin embargo, la situación dominial y documental de varios de esos bienes constituye precisamente uno de los aspectos que deberán ser esclarecidos.
La pregunta que ahora deberá responder la Justicia provincial es concreta: ¿existieron operaciones destinadas a sacar esos bienes del patrimonio que debía responder ante los acreedores?
Y, en caso de que la respuesta fuera afirmativa, habrá que establecer cuándo se realizaron, quiénes participaron, qué bienes estuvieron involucrados y cuál fue el destino final de esos activos.
Millones de pesos y dólares detrás de la investigación
El expediente por insolvencia fraudulenta se conecta directamente con la magnitud económica del colapso de Adhemar Capital.
En los procesos de quiebra se presentaron 1.444 personas a verificar créditos, con reclamos que originalmente superaban los $15.000 millones.
Ese universo, sin embargo, representaría apenas una parte de los inversores que habrían entregado fondos a la estructura de Adhemar Capital.
La estimación realizada durante la investigación ubicó en alrededor de 6.000 personas el universo potencial de inversores, mientras que la denominada deuda documentada o «en blanco» fue calculada en torno a los US$50 millones.
Estos números explican por qué la investigación patrimonial adquiere una importancia particular para los damnificados.
No se trata únicamente de determinar si existió un delito. También está en juego la posibilidad de identificar activos que eventualmente puedan responder por parte de los créditos reconocidos en los procesos de quiebra.
Una investigación que deberá seguir el rastro del dinero
El desafío para la Fiscalía Nº 8 será reconstruir el circuito patrimonial.
Para eso deberá determinar qué bienes existían, quién figuraba como titular, cuándo fueron adquiridos, cómo fueron pagados, si posteriormente fueron transferidos y quiénes participaron de esas operaciones.
Pero hay un elemento adicional: los activos digitales.
La causa deberá analizar también el eventual movimiento de fondos a través de billeteras virtuales, exchanges y otros mecanismos vinculados con criptomonedas, en caso de que esos activos formen parte de las operaciones investigadas.
La reconstrucción de ese circuito requiere conocimientos específicos en materia contable, financiera y tecnológica. La trazabilidad de criptomonedas, por ejemplo, exige herramientas y conocimientos diferentes a los utilizados para investigar una transferencia bancaria o una operación inmobiliaria.
La pregunta, entonces, es si la estructura de la Justicia provincial cuenta con los recursos técnicos necesarios para abordar una investigación patrimonial de esta magnitud.
Separada de la megacausa federal
La investigación por insolvencia fraudulenta tendrá ahora un recorrido propio y diferente del expediente federal principal.
La causa FTU 42/2021, que investiga a Bacchiani y a otras personas por delitos como estafa, asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, continúa en el ámbito de la Justicia Federal y avanzó hacia la instancia de juicio oral.
El Tribunal Oral Federal de Catamarca rechazó en marzo de 2026 distintos planteos de las defensas y confirmó la continuidad del proceso.
La separación de ambos expedientes no significa que no puedan existir puntos de contacto en materia probatoria. Por el contrario, buena parte de la información patrimonial ya producida en el expediente federal podría resultar relevante para la investigación que ahora deberá profundizar la Justicia provincial.
La actualidad de la causa
Con el expediente finalmente radicado en la Fiscalía de Instrucción Nº 8, el fiscal Sánchez Ruiz deberá realizar un análisis integral de las actuaciones y definir cuáles serán las próximas medidas de prueba.
Entre ellas podrían resultar determinantes los informes contables, los estudios patrimoniales, las operaciones inmobiliarias, los movimientos bancarios y la trazabilidad de activos digitales.
El objetivo será reconstruir una secuencia: qué patrimonio existía, qué ocurrió con él y si alguna de las operaciones realizadas tuvo como finalidad impedir que esos bienes respondieran ante los acreedores.
Hasta que esa investigación concluya, cualquier afirmación sobre un supuesto vaciamiento patrimonial deberá ser entendida como una hipótesis y no como un hecho probado.
Lo que sí está definido es el escenario judicial: después de casi un año de discusión sobre qué fuero debía intervenir, la investigación quedó en manos de la Justicia provincial.
Ahora comienza la etapa en la que deberán aparecer las respuestas sobre el patrimonio, los movimientos de bienes y el destino del dinero de una de las mayores crisis financieras que atravesó Catamarca en los últimos años.
