Por Dr. Alfredo Aydar
Costos crecientes, honorarios que llegan tarde —cuando llegan—, un Estado que amplía cada vez más el asesoramiento jurídico gratuito, miles de nuevos profesionales disputando un mercado reducido, inteligencia artificial, agotamiento emocional y una relación muchas veces desigual frente a estructuras judiciales cerradas y poderosas.
En Tucumán y Catamarca, ejercer independientemente ya no significa solamente defender clientes.
Para muchos abogados significa, antes que nada, sobrevivir.
Sobrevivir económicamente.
Sobrevivir profesionalmente.
Y, en determinados casos, conservar algo todavía más valioso: la libertad de enfrentar al poder sin terminar pagando personalmente las consecuencias de haberlo hecho.
En este Día del Abogado quizás haya menos motivos para brindar y muchos más para preguntarnos qué están haciendo con nuestra profesión.
EL ABOGADO QUE NADIE VE
A las siete y media de la mañana comienza la actividad en un pequeño estudio jurídico del norte argentino.
No hay una recepción revestida en mármol.
No hay veinte abogados asociados.
No existen departamentos de comunicación, marketing, recursos humanos ni una estructura financiera detrás.
Hay escritorios.
Expedientes.
Una computadora.
Códigos.
Teléfonos que comienzan a sonar.
Mensajes que llegaron durante la madrugada.
Y una agenda repleta de vencimientos que no admite excusas.
Antes de comenzar su jornada, ese abogado hace algo que probablemente ningún cliente imagina.
Mira las cuentas.
Alquiler.
Luz.
Internet.
Matrícula.
Aportes profesionales.
Impuestos.
Sueldos.
Software.
Movilidad.
Capacitación.
Tecnología.
Y después mira lo que todavía no pudo cobrar.
Los honorarios de un juicio que terminó hace meses.
O hace años.
Una regulación apelada.
Un cliente que paga en cuotas cuando puede.
Otro que directamente desapareció.
Y un expediente al que ya le dedicó centenares de horas sin saber cuándo cobrará por ese trabajo.
Esa escena puede ocurrir hoy en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Concepción, Monteros, Tafí Viejo, San Fernando del Valle de Catamarca o cualquier ciudad del interior argentino.
Es la cara que casi nunca aparece cuando se habla de abogados.
Porque durante décadas se construyó alrededor de la profesión una imagen de privilegio que hoy, para miles de profesionales independientes, tiene poco que ver con la realidad.
MIENTRAS EL ESTADO OFRECE ESTABILIDAD, EL INDEPENDIENTE VIVE DE LA INCERTIDUMBRE
Existe una desigualdad que pocas veces se dice en voz alta.
El abogado que ingresa a una estructura estatal sabe, en líneas generales, que a fin de mes tendrá un ingreso.
Tiene salario.
Vacaciones.
Licencias.
Cobertura de salud.
Aportes.
Estructura.
Computadoras.
Edificio.
Personal.
Seguridad.
Y, dependiendo del cargo, también poder.
El abogado independiente tiene otra cosa:
incertidumbre.
Puede trabajar todo el mes y cobrar poco.
Puede ganar un juicio y pasar años intentando percibir sus honorarios.
Puede enfermarse y descubrir que su estudio no deja de generar gastos porque él no pueda trabajar.
Puede irse quince días de vacaciones y saber que, mientras descansa, no factura.
No existe aguinaldo.
No existen vacaciones pagadas.
No existe sueldo garantizado.
No existe certeza.
Sin embargo, debe financiar una estructura prácticamente empresarial para poder ejercer.
Esa es la contradicción:
la Justicia necesita al abogado particular para funcionar, pero el sistema parece diseñado como si la subsistencia económica de ese abogado fuera un problema exclusivamente suyo.
TUCUMÁN Y CATAMARCA: DONDE TODOS CONOCEN A TODOS
El fenómeno adquiere características todavía más sensibles en provincias como Tucumán y Catamarca.
No son Buenos Aires.
Los mercados jurídicos son reducidos.
Los abogados litigan durante décadas ante los mismos tribunales.
Conocen a los fiscales.
Conocen a los jueces.
Conocen a los funcionarios.
Los funcionarios conocen a los abogados.
Familias enteras trabajan o han trabajado dentro de estructuras judiciales.
Se comparten universidades, colegios profesionales, relaciones sociales y espacios políticos.
Esa cercanía puede contribuir al funcionamiento cotidiano.
Pero también entraña un riesgo enorme:
la dependencia.
Porque en una estructura relativamente pequeña, enfrentarse institucionalmente con una persona poderosa puede tener consecuencias profesionales mucho mayores que dentro de un universo anónimo de millones de habitantes.
Aquí aparece una de las enfermedades más peligrosas de cualquier sistema judicial pequeño:
el miedo a incomodar.
El abogado empieza a preguntarse:
“¿Conviene recusarlo?”
“¿Conviene denunciar?”
“¿Conviene apelar?”
“¿Conviene pedir esa investigación?”
Y cuando un abogado comienza a preguntarse qué consecuencias personales tendrá ejercer plenamente los derechos de su cliente, el sistema ya tiene un problema.
CADA VEZ MÁS ABOGADOS BUSCAN REFUGIO EN EL ESTADO
Paralelamente crece el número de profesionales.
Universidades públicas y privadas producen nuevos graduados todos los años.
El problema no es que existan muchos abogados.
El problema es que el mercado privado no crece en idéntica proporción.
Cada nuevo profesional debe competir por una porción cada vez menor de un mercado limitado.
Y allí aparece un fenómeno que merece ser observado sin hipocresía:
cada vez más jóvenes sueñan menos con abrir su propio estudio y más con conseguir un cargo.
En el Poder Judicial.
En el Ejecutivo.
En una municipalidad.
En una legislatura.
En una fiscalía.
En cualquier estructura que garantice algo elemental:
saber que el último día del mes podrán pagar sus cuentas.
Eso genera además otra consecuencia.
Una profesión históricamente independiente empieza a depender crecientemente del Estado.
Y una abogacía económicamente dependiente del poder corre el riesgo de convertirse en una abogacía cada vez menos dispuesta a enfrentarlo.
HONORARIOS: EL ÚNICO PRECIO QUE TODO EL MUNDO CREE PODER DISCUTIR
Hay algo culturalmente instalado.
Se acepta que un repuesto importado cueste lo que cuesta.
Se acepta el precio de un medicamento.
Se paga una reparación mecánica.
Se paga al contador.
Se paga una operación.
Pero frente al abogado aparece inmediatamente el regateo:
“¿No puede cobrarme menos?”
“¿Puedo pagar cuando termine?”
“¿Y si perdemos?”
“¿En otro lugar me cobran la mitad?”
“¿No me hace una consulta rapidita?”
El conocimiento jurídico parece haber perdido valor económico.
Pero el abogado no vende quince minutos de conversación.
Detrás de una respuesta de quince minutos puede haber veinte o treinta años de estudio, experiencia, errores, juicios, jurisprudencia y formación profesional.
Y mientras los honorarios son discutidos, todos sus costos aumentan.
El alquiler no espera la sentencia.
La electricidad no espera la regulación.
Los impuestos no esperan que pague el cliente.
El personal tampoco.
El abogado termina financiando durante años expedientes que el propio sistema judicial demora.
CUANDO EL ESTADO SE CONVIERTE TAMBIÉN EN COMPETIDOR
Hay que decirlo con claridad.
La asistencia jurídica gratuita es indispensable para quien no puede pagar un abogado.
Eso constituye acceso a Justicia.
Es una obligación del Estado y una conquista social que debe preservarse.
Pero otra cosa muy diferente es transformar progresivamente al Estado en un gigantesco estudio jurídico gratuito sin evaluación suficiente de la capacidad económica del beneficiario.
Defensorías.
Oficinas municipales.
Organismos provinciales.
Áreas especializadas.
Programas jurídicos gratuitos.
Estructuras públicas de asesoramiento.
Todas financiadas con impuestos.
El Estado pone oficinas, salarios, computadoras, servicios, infraestructura y abogados.
El profesional independiente paga exactamente esos mismos elementos de su bolsillo.
Por eso corresponde preguntarse:
¿la asistencia jurídica estatal está llegando exclusivamente a quien no puede afrontar un abogado o está avanzando sobre servicios que también podrían ser prestados por profesionales independientes?
Defender al vulnerable es justicia social.
Desplazar indiscriminadamente al profesional privado no lo es.
AHORA TAMBIÉN COMPETIMOS CONTRA UN ALGORITMO
Como si todo eso fuera poco, llegó la inteligencia artificial.
Contratos.
Cartas documento.
Escritos básicos.
Modelos judiciales.
Consultas.
Jurisprudencia.
Todo puede obtenerse hoy en segundos.
La tecnología no debe ser demonizada.
Personalmente considero que constituye una herramienta extraordinaria y que el abogado que no aprenda a utilizarla probablemente quedará rezagado.
Pero hay un límite.
Un algoritmo puede producir un contrato.
Lo que no puede hacer es mirar a los ojos a una madre cuyo hijo acaba de ser detenido.
No puede sentir la angustia de una familia que está perdiendo su casa.
No conoce treinta años de una pelea sucesoria.
No comprende completamente la dimensión humana de una falsa acusación.
No acompaña durante siete años a una víctima.
El Derecho no son solamente normas.
El Derecho son personas.
Y mientras existan personas, habrá una dimensión de la profesión que ninguna máquina podrá reemplazar completamente.
EL COSTO HUMANO: CUANDO EL ABOGADO TAMBIÉN SE QUIEBRA
Hay otro precio del que hablamos demasiado poco.
La salud mental.
Un cliente normalmente no llega al estudio porque su vida funciona perfectamente.
Llega porque algo se rompió.
Tiene un hijo detenido.
Una empresa quebrada.
Una denuncia penal.
Un divorcio traumático.
Una deuda.
Una estafa.
Una muerte.
Una acusación.
Un patrimonio en riesgo.
Una libertad en riesgo.
El abogado absorbe durante años parte de esas angustias.
Escucha.
Contiene.
Explica.
Responde.
Recibe llamados fuera de horario.
Recibe reproches.
Recibe amenazas.
Y tiene que conservar la frialdad necesaria para pensar.
Después cierra la puerta del estudio y se lleva muchos de esos problemas a su casa.
A eso debe sumarle sus propios problemas.
Sus deudas.
Sus empleados.
Su familia.
Sus ingresos inciertos.
Y la responsabilidad de saber que detrás de una equivocación profesional puede existir la libertad, el patrimonio o el futuro de otra persona.
El burnout en la abogacía no es una palabra de moda.
Es una realidad.
TUCUMÁN: 227 SUICIDIOS EN UN AÑO
Y aquí aparece un dato que ninguna sociedad responsable debería ignorar.
Según las cifras oficiales más recientes del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional, Tucumán registró 199 suicidios consumados durante 2024 y 227 durante 2025.
La tasa provincial pasó de aproximadamente 12 a 13,5 suicidios cada 100.000 habitantes mayores de cinco años, con una variación interanual de 13,3%. (Ministerio de Seguridad Cloud)
Dicho de otro modo:
227 tucumanos murieron por suicidio solamente durante 2025.
Catamarca registró 60 casos en 2024 y 59 en 2025, con una tasa de 14,2 cada 100.000 habitantes en el último año. (Ministerio de Seguridad Cloud)
El fenómeno excede ampliamente a nuestra profesión.
Sería irresponsable sostener que esas muertes fueron provocadas por problemas económicos, laborales o judiciales determinados.
El suicidio es un fenómeno complejo y multicausal.
Pero también sería irresponsable mirar semejantes números y continuar actuando como si la salud mental fuera un asunto secundario.
En el país fueron registrados además 22.249 eventos vinculados con intentos de suicidio desde el inicio de la notificación obligatoria en 2023 hasta el 31 de octubre de 2025. El Ministerio de Salud aclaró que el aumento de notificaciones no puede interpretarse automáticamente como un crecimiento equivalente del fenómeno porque durante ese período se amplió sustancialmente la red de vigilancia. (Argentina.gov.ar)
No usemos irresponsablemente las estadísticas.
Pero tampoco las escondamos.
Detrás de cada número hubo una persona.
Una familia.
Un padre.
Un hijo.
Un compañero.
Una historia que terminó demasiado pronto.
Y frente a semejante escenario social, resulta sorprendente la poca atención institucional destinada específicamente a la salud mental de profesionales sometidos diariamente a enormes niveles de presión.
¿QUIÉN CONTIENE AL QUE CONTIENE A TODOS?
Esa pregunta debería interpelar a nuestros Colegios de Abogados.
¿Cuántos poseen programas permanentes de asistencia psicológica gratuitos o verdaderamente accesibles?
¿Cuántos tienen protocolos específicos frente al burnout?
¿Cuántos acompañan profesionalmente a un colega atravesando una situación límite?
La abogacía suele reaccionar cuando el problema ya explotó.
Quizás sea tiempo de empezar a prevenir.
Porque detrás del traje y de la matrícula hay una persona.
Y esa persona también puede quebrarse.
LA “FAMILIA JUDICIAL”: CUANDO LA CERCANÍA SE CONVIERTE EN CORPORACIÓN
En Tucumán y Catamarca todos conocemos una expresión:
“la familia judicial”.
La existencia de relaciones familiares, profesionales o académicas dentro del Poder Judicial no implica por sí misma corrupción.
Pero cuando esas relaciones generan corporativismo, privilegios, protección recíproca o impermeabilidad frente a las denuncias, el problema deja de ser familiar y se convierte en institucional.
La Justicia no puede ser un club cerrado.
Un juez no es dueño de su juzgado.
Un fiscal no es dueño de una investigación.
Y ningún funcionario puede pretender que el abogado se comporte como un empleado subordinado.
El abogado independiente no trabaja para el juez.
No trabaja para el fiscal.
No trabaja para el poder político.
Trabaja para su cliente y para la vigencia efectiva de sus derechos.
Por eso debe poder pedir.
Insistir.
Apelar.
Recusar.
Denunciar.
Exigir investigaciones.
Y hacerlo sin temor.
CUANDO EL ABOGADO QUE DENUNCIA TERMINA SIENDO EL INVESTIGADO
Existe una frontera institucional extremadamente delicada.
Un abogado no es inmune a la ley.
Puede cometer delitos y, si existen pruebas, debe ser investigado como cualquier ciudadano.
Eso resulta indiscutible.
Pero existe otra realidad que tampoco debería ignorarse:
el aparato judicial tiene un poder extraordinario para destruir la vida de una persona antes incluso de que exista una condena.
Un allanamiento.
Una imputación.
Una filtración periodística.
Una acusación.
Una campaña.
A veces alcanza.
Por eso las investigaciones contra profesionales que previamente denunciaron corrupción, irregularidades, tráfico de influencias o conductas de funcionarios judiciales deberían estar sometidas al máximo nivel posible de transparencia e imparcialidad.
Porque si quien denuncia al sistema termina inmediatamente perseguido por integrantes o allegados a ese mismo sistema, la sociedad tiene derecho a preguntar qué está ocurriendo.
“TE VAN A ARMAR UNA CAUSA”
Hay una frase brutal que circula desde hace décadas por pasillos judiciales:
“Cuidado, te van a armar una causa.”
Que semejante frase pueda siquiera resultar verosímil debería avergonzar a cualquier República.
Una “causa armada” no es Justicia.
Es exactamente lo contrario.
Es utilizar fiscales, policías, expedientes y poder estatal con objetivos ajenos a la búsqueda de la verdad.
Naturalmente, no alcanza con afirmar que una causa es armada para que efectivamente lo sea.
Eso también debe probarse.
Pero el fenómeno debe poder investigarse.
Y sobre todo, denunciar una posible maniobra no puede convertirse automáticamente en una sentencia de muerte profesional para quien se anima a hacerlo.
Una Justicia verdaderamente independiente no necesita silenciar a sus críticos.
Los investiga cuando corresponde.
Les responde con resoluciones.
Explica.
Fundamenta.
Tolera el disenso.
La Justicia débil, en cambio, confunde cuestionamiento con insubordinación.
COLEGIOS DE ABOGADOS: ¿QUIÉN DEFIENDE AL QUE DEFIENDE?
Llegamos así a una pregunta incómoda.
¿Para qué existen nuestros Colegios de Abogados?
¿Solamente para matricular?
¿Para cobrar?
¿Para organizar elecciones?
¿Para controlar disciplinariamente a sus miembros?
Un Colegio de Abogados debería ser, antes que nada, el escudo institucional de la independencia de la profesión.
Cuando un abogado recibe amenazas por ejercer.
Cuando es presionado.
Cuando existen indicios serios de una represalia.
Cuando un funcionario intenta impedir el ejercicio de una defensa.
Cuando el Estado utiliza un poder desproporcionado.
Ahí debería aparecer el Colegio.
No después.
No dependiendo del apellido.
No preguntando primero quién es el juez cuestionado.
No calculando si incomodará al gobernador.
No evaluando a qué espacio político pertenece el colega.
Porque un Colegio demasiado cercano al poder difícilmente pueda defender con libertad al abogado que se enfrenta a ese mismo poder.
La independencia de los abogados exige también colegios independientes.
NO QUIERO UNA ABOGACÍA DE RODILLAS
En este Día del Abogado no quiero escribir un homenaje vacío.
No quiero hablar solamente de vocación, códigos, juramentos y grandes frases jurídicas.
Quiero hablar del abogado real.
Del que abre su estudio cada mañana sin saber cuánto facturará.
Del joven que se recibió y descubre que nadie le explicó cómo conseguir su primer cliente.
Del profesional que trabaja durante años y no cobra.
Del que escucha problemas hasta la madrugada.
Del que se enferma.
Del que se angustia.
Del que tiene miedo.
Y especialmente del que todavía conserva algo que ningún cargo público puede comprar:
independencia.
Necesitamos abogados que no tengan dueño.
Que no deban un nombramiento.
Que no esperen un ascenso.
Que no necesiten agradarle a ningún juez.
Que no tengan que pedir permiso para denunciar.
Porque la democracia no necesita una abogacía obediente.
Necesita una abogacía incómoda.
EL DÍA QUE DESAPAREZCA EL ABOGADO INDEPENDIENTE, EL CIUDADANO ENTENDERÁ LO QUE PERDIÓ
El abogado independiente no desaparecerá mañana.
Pero está siendo arrinconado.
Por los costos.
Por la precarización.
Por el crecimiento del Estado.
Por la saturación profesional.
Por la tecnología.
Por la incertidumbre.
Por el agotamiento.
Y, demasiadas veces, por estructuras que preferirían abogados dóciles antes que profesionales capaces de enfrentarlas.
Debemos discutir honorarios dignos.
Sistemas previsionales razonables.
Asistencia jurídica estatal focalizada realmente en quienes la necesitan.
Tecnología.
Salud mental.
Protección institucional.
Colegios profesionales independientes.
Y una reforma cultural dentro de la propia Justicia.
Porque el abogado no es un empleado del Poder Judicial.
Es una de las barreras que existen precisamente para evitar sus abusos.
Debe poder cuestionar.
Debe poder recurrir.
Debe poder denunciar.
Debe poder incomodar.
Y debe poder hacerlo sin miedo.
Porque cuando un abogado calla algo que debería denunciar por temor a las consecuencias, no perdió solamente ese abogado.
Perdió el ciudadano.
Perdió la víctima.
Perdió la defensa.
Perdió la República.
En este Día del Abogado quiero reivindicar precisamente a ese profesional.
Al que camina tribunales.
Al que pelea por cobrar.
Al que escucha.
Al que soporta.
Al que no tiene padrinos.
Al que sigue ejerciendo aunque muchas veces el sistema parezca invitarlo a abandonar.
Y, principalmente, al que todavía se anima a ponerse de pie frente al poder y decir:
“ESTO DEBE INVESTIGARSE.”
Porque ante una denuncia seria, concreta y verificable, una Justicia republicana tiene una obligación elemental:
investigar.
Y cuando pudiendo hacerlo sistemáticamente decide no hacerlo, la sociedad tiene derecho a formular la pregunta más incómoda de todas:
¿ES INEFICACIA O ES COMPLICIDAD?
Dr. Alfredo Aydar
Día del Abogado – 29 de agosto
