Vecinos del departamento Ambato encendieron una nueva señal de alerta sobre el funcionamiento del transporte público en el corredor Capital – Las Juntas, denunciando una serie de irregularidades laborales y operativas que, aseguran, comprometen no solo los derechos de los trabajadores sino también la seguridad de los pasajeros.
Según la información recabada, el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con sede en San Martín 1029, ya tendría conocimiento de estas situaciones, aunque hasta el momento no se habrían registrado acciones concretas para corregirlas. Esta presunta inacción genera preocupación entre usuarios y trabajadores, que advierten sobre una problemática que se agrava con el paso del tiempo.
Uno de los puntos más críticos señalados es el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo 460/73 por parte de la empresa prestataria del servicio. De acuerdo a las denuncias, los choferes estarían siendo obligados a realizar tareas administrativas manuales, incluyendo la confección de boletos de manera artesanal en plena plataforma. Esta práctica no solo excede sus funciones laborales, sino que además provoca demoras de hasta 40 minutos en cada recorrido, afectando la frecuencia y calidad del servicio.
A esta situación se suma un escenario de constantes aumentos tarifarios aplicados sin previo aviso, lo que incrementa el malestar de los usuarios y profundiza la incertidumbre en torno a la prestación del servicio.
Pero el eje más delicado radica en el impacto directo sobre la seguridad vial. La sobrecarga de tareas y el estrés al que son sometidos los conductores, en un contexto de exigencias impropias de su función, atenta contra el cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Desde los sectores denunciantes advierten que estas condiciones elevan el riesgo en ruta, exponiendo tanto a los trabajadores como a los pasajeros.
En este contexto, crece el reclamo hacia los organismos de control y hacia el propio gremio, a quienes se les exige una intervención urgente para garantizar condiciones laborales dignas y un servicio seguro para la comunidad.
Mientras tanto, en el interior profundo de la provincia, los usuarios siguen siendo rehenes de un sistema que, lejos de mejorar, acumula irregularidades sin respuestas claras.
