Mientras el Gobierno de Catamarca sostiene que la actividad minera constituye el principal motor del desarrollo provincial y multiplica los anuncios de inversiones y crecimiento, desde el sector educativo advierten una realidad que contrasta de manera contundente con ese discurso oficial.
A través de una publicación difundida en redes sociales, docentes autoconvocados expusieron una nueva situación crítica: una institución educativa debió suspender sus actividades debido a problemas sanitarios vinculados al estado de sus instalaciones. La medida dejó a estudiantes sin clases y volvió a poner en evidencia las condiciones precarias en las que funcionan numerosas escuelas de la provincia.
“¿Dónde están los recursos que genera la minería?”, se preguntan los educadores en el comunicado, al señalar que dichos ingresos no se reflejan en mejoras concretas para la educación pública. En ese sentido, cuestionan que, mientras se destinan fondos a promociones, viajes y discursos oficiales, persisten graves falencias en infraestructura escolar.
El caso expuesto —advierten— no es aislado, sino apenas una muestra de una problemática estructural que atraviesa al sistema educativo catamarqueño. Entre las principales deficiencias mencionan cargos docentes sin cubrir, aulas en condiciones inadecuadas, falta de vidrios y calefacción, filtraciones, instalaciones deterioradas y soluciones precarias como el uso de paredes pintadas en reemplazo de pizarrones.
A este escenario se suman reclamos salariales y deudas pendientes que el Estado mantiene con parte del sector docente, lo que profundiza el malestar y la sensación de desatención por parte de las autoridades.
Desde el colectivo de docentes autoconvocados sostienen que la situación requiere respuestas urgentes y políticas públicas sostenidas que garanticen condiciones dignas para enseñar y aprender. “Hoy mostramos esta realidad, pero detrás de estas imágenes existen cientos de problemas más”, advirtieron, al tiempo que reclamaron que la crisis educativa deje de ser invisibilizada.
El planteo reabre el debate sobre la distribución de los recursos generados por la actividad minera y su impacto real en áreas sensibles como la educación, en una provincia donde las promesas de desarrollo aún no logran traducirse en mejoras concretas para la comunidad educativa.
