La tensión política en la Villa de Pomán suma un nuevo capítulo y se encamina hacia el ámbito judicial. Luego de la polémica sesión protagonizada la semana pasada por el intendente Francisco Gordillo en el Concejo Deliberante, los ediles resolvieron dar un paso más y formalizar una denuncia penal por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
En una decisión contundente, el cuerpo legislativo local rechazó en su totalidad la documentación presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal vinculada a la compra directa del inmueble conocido como “Casa Santa Rita”. Según se desprende de la resolución, los concejales calificaron la maniobra como ilegal, extemporánea y contraria al orden público contable.
En la misma línea, el Concejo declaró la nulidad absoluta del Decreto Rectificatorio N° 043/26, emitido por el Ejecutivo, al considerar que intenta modificar de forma unilateral el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 157/24. Este último ya había sido previamente rechazado por el propio órgano legislativo, lo que —según argumentaron— invalida cualquier intento posterior de reconfiguración normativa.
Uno de los puntos más sensibles señalados por los ediles radica en las presuntas inconsistencias entre la información oficial y la documentación respaldatoria de la operación inmobiliaria. Mientras el Ejecutivo habría negado la existencia de transacciones en moneda extranjera, la Escritura Pública N° 21 indicaría que la compraventa se concretó por un monto de 40 mil dólares estadounidenses, con un pago efectuado en pesos y fuera del circuito bancario.
Ante este escenario, el Concejo Deliberante facultó a su Presidencia a radicar de manera inmediata una denuncia penal ante la Fiscalía de Instrucción en turno. La presentación alcanzará no solo al intendente Gordillo, sino también al secretario de Despacho que suscribió el DNU y al director de Tesorería General, Diego Maciel Quinteros.
Los funcionarios serán investigados por la presunta comisión de delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, en el marco de lo establecido por la legislación vigente.
De este modo, el conflicto político en Pomán deja de ser exclusivamente institucional y se traslada al terreno judicial, donde se deberá determinar si existieron responsabilidades penales en los hechos denunciados.
