La detención del exintendente Elpidio Guaraz, condenado a nueve años de prisión por una causa de abuso sexual, cierra un capítulo judicial pero abre, al mismo tiempo, un abismo político e institucional que Catamarca todavía se resiste a mirar de frente. Su ingreso al Penal de Miraflores no sólo marca el cumplimiento de una sentencia firme: coincide con la difusión de acusaciones de una gravedad inédita, lanzadas por el propio Guaraz horas antes de quedar tras las rejas.
Desde sus redes sociales, el exjefe comunal apuntó directamente al corazón del poder provincial. Señaló al gobernador Raúl Jalil y a la exgobernadora y actual senadora nacional Lucía Corpacci como los ideólogos del asesinato de Juan Carlos Rojas, y acusó al vicegobernador Rubén Dusso de haber dado la orden para encubrir el crimen como una “muerte natural”, a través de los fiscales Laureano Palacios —exfuncionario de su órbita— y Dalla Lasta. No habló en potencial: habló como quien asegura haber visto, oído y comprendido el engranaje completo.
Las palabras de Guaraz pueden incomodar por su origen —un condenado por un delito aberrante—, pero no por eso dejan de ser explosivas. Porque no se agotan en una denuncia aislada: describen un entramado de poder destinado, según él, a proteger a las principales figuras del oficialismo y a evitar que la investigación salpicara causas mucho más profundas, entre ellas las estafas piramidales de Edgar Bacchiani y el entramado financiero de Adhemar Capital, causas que en Catamarca nunca terminaron de avanzar con la contundencia esperada.
Guaraz sostiene que Juan Carlos Rojas investigaba justamente eso: funcionarios públicos —ministros, intendentes— que habrían utilizado recursos del Estado para beneficiarse de las rentas extraordinarias que ofrecía la financiera. Si esa línea prosperaba, el escándalo no iba a ser judicial, sino político, estructural y transversal. Y, siempre según sus dichos, ese fue el motivo por el cual Rojas debía ser silenciado.
El peronismo catamarqueño atraviesa horas decisivas. La acumulación de denuncias, causas inconclusas, silencios judiciales y protección política remite a los peores reflejos de los años noventa, una época que el propio espacio dice no querer repetir. Sin embargo, la sensación de impunidad selectiva y de justicia condicionada vuelve a instalarse con fuerza.
Y allí aparece el otro gran protagonista de esta historia: la Justicia. Provincial y federal. Desgastada, cuestionada y con una credibilidad cada vez más frágil. Porque mientras Guaraz ya está preso —como corresponde por la condena que pesa sobre él—, las acusaciones que lanzó no encuentran respuestas claras, investigaciones rápidas ni desmentidas contundentes. Sólo cautela extrema y un clima de incomodidad generalizada.
Otra de las incógnitas que deja al descubierto este caso es si el exintendente Elpidio Guaraz poseía información sensible vinculada a Juan Carlos Rojas y, de ser así, por qué nunca se presentó espontáneamente a declarar ante la Justicia. La omisión no puede leerse como un dato menor: abre la sospecha de un silencio inducido, ya sea por presiones, advertencias o amenazas que exceden el plano judicial y se inscriben en una lógica de poder que desalienta la verdad. En una causa atravesada por zonas grises y omisiones reiteradas, el silencio de Guaraz —voluntario o forzado— interpela directamente a un sistema que parece más preocupado por administrar el daño político que por esclarecer los hechos.
Nada de lo dicho por Guaraz lo absuelve de sus delitos. Pero tampoco su condena borra las preguntas que dejó planteadas. Cuando un sistema judicial avanza con firmeza sobre algunos y se paraliza frente a otros, la sospecha deja de ser una teoría conspirativa y se convierte en una percepción social peligrosa.
Catamarca no enfrenta sólo el caso Guaraz. Enfrenta una crisis de confianza. Y cuando la política y la Justicia pierden credibilidad al mismo tiempo, lo que queda en riesgo no es un nombre propio, sino la democracia misma.
