Edgar Bacchiani hoy no es una víctima del sistema. Es un condenado por la Justicia de Córdoba por delitos económicos que provocaron un daño profundo, sostenido y masivo. Aun así, insiste en presentarse ante la opinión pública y los tribunales como un sujeto merecedor de beneficios excepcionales, apelando ahora a un argumento “humanitario” para justificar una salida del encierro.
El problema no es la salud de su madre, una situación que merece respeto y sensibilidad. El problema es la doble moral con la que Bacchiani intenta reescribir su propia historia judicial. Porque mientras pide comprensión, indulgencia y excepciones, nunca mostró la misma empatía por las víctimas que vieron desaparecer sus ahorros, su estabilidad económica y, en muchos casos, su proyecto de vida. El crimen económico no es abstracto: destruye familias, genera angustia, quiebra confianzas y deja secuelas tan reales como cualquier otro delito.
Bacchiani parece no dimensionar —o elige no hacerlo— que los delitos financieros también son delitos graves, y que quien los comete no puede exigir un trato diferenciado cada vez que las consecuencias personales del encierro se vuelven incómodas. Nadie lo obligó a delinquir. Nadie lo empujó a montar un esquema fraudulento ni a asociarse para cometer estafas. Las decisiones fueron propias y las responsabilidades, inevitables.
No es la primera vez que intenta acceder a beneficios excepcionales. Ya se le había otorgado una prisión domiciliaria que luego fue revocada tras verificarse que los argumentos que la sustentaban no se correspondían con la realidad. Ahora, vuelve a insistir por otra vía, apelando a la emotividad y a un discurso selectivo sobre los derechos humanos, como si el cumplimiento efectivo de una condena fuera una injusticia y no una consecuencia legal.
La Justicia no puede funcionar al ritmo de la conveniencia del condenado. Los criminales no tienen beneficios automáticos, y menos aún cuando existe una condena firme y antecedentes de intentos fallidos de flexibilización del encierro. Humanidad no es impunidad, y sensibilidad no es sinónimo de privilegio. Bacchiani no es un perseguido ni un preso político. Es un estafador condenado que hoy enfrenta las consecuencias de sus actos. Pretender lo contrario no solo banaliza el daño causado, sino que erosiona la confianza social en un sistema judicial que debe ser claro: el delito económico también se paga, y no admite atajos morales.
