La investigación por la muerte de cuatro adolescentes en la Alcaidía Provincial, ocurrida en 2011, sumó un nuevo capítulo judicial que, por ahora, clausura cualquier intento de revisión en el máximo tribunal del país. La Sala Penal de la Corte de Justicia rechazó el recurso extraordinario federal impulsado por el Ministerio Público Fiscal y dejó firme el archivo de la causa.
El planteo del organismo acusador buscaba habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación frente al fallo que había declarado extinguida la acción penal. Sin embargo, los magistrados consideraron que el recurso no logró demostrar la existencia de una cuestión federal suficiente que justificara esa instancia excepcional.
En su resolución, el tribunal también puso el foco en las debilidades de la presentación fiscal, al señalar que no consiguió desarticular uno de los ejes centrales del fallo previo: la responsabilidad en la prolongación del proceso. Según remarcaron, una porción significativa de la demora —que se extendió por más de una década sin llegar a juicio— estuvo vinculada a la propia inacción del órgano acusador.
Si bien los jueces reconocieron la gravedad del caso y la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas, sostuvieron que esos elementos no alcanzan para dejar de lado garantías constitucionales básicas. En particular, subrayaron la vigencia del derecho de toda persona imputada a ser juzgada en un plazo razonable, principio que consideraron vulnerado en este expediente.
Con esta decisión, el proceso queda firme dentro del ámbito provincial y, al menos en esta etapa, sin posibilidad de ser revisado por la Corte Suprema. La causa, que durante años generó expectativa en torno a un eventual juicio oral, permanece archivada, mientras persisten los cuestionamientos sobre el extenso derrotero judicial que impidió avanzar hacia una definición de fondo.
