En Catamarca, hablar de “mora judicial” ya es casi una costumbre. Se repite tanto que pareciera haber perdido fuerza, aunque describe un problema que crece en silencio y afecta a todos. Lo que debería ser una excepción —un expediente que tarda más de lo normal— se convirtió en lo habitual. Y cuando la demora deja de ser ocasional y pasa a ser parte del sistema, ya no hablamos de simples desajustes internos: hablamos de una justicia que renuncia a su función esencial.
La demora en la justicia tiene muchas caras, pero todas llevan al mismo lugar: un Poder Judicial que trabaja sin plazos claros, sin controles eficaces y sin sentido de urgencia. Hay expedientes que pasan años sin movimiento; causas sensibles que se frenan cuando rozan a determinados nombres; decisiones que llegan tarde y ya no sirven para reparar nada; víctimas que piden respuestas y reciben silencio. En Catamarca, el tiempo se volvió un privilegio judicial y una condena para los ciudadanos.
Es difícil sostener que la mora es solo un asunto técnico. No lo es. También es un problema político. Hay expedientes que avanzan con velocidad quirúrgica cuando conviene, mientras otros se congelan sin explicación. Esta selectividad, tan evidente como impune, desnuda una lógica donde la justicia deja de ser contrapeso y termina acomodándose a los intereses de quienes debería controlar. Y así, la mora se transforma en la herramienta perfecta para garantizar que lo incómodo no avance y que lo importante se diluya.
La falta de una gestión moderna agrava el panorama. Mientras en otras provincias se digitalizó casi todo, se controlan plazos y se trabaja con tableros de gestión, en Catamarca siguen las carpetas en papel, los expedientes que desaparecen, las oficinas desbordadas y los criterios distintos según quién toque el expediente. Cualquier avance tecnológico parece chocar con una resistencia interna que prefiere que la ineficiencia quede tapada bajo la maraña burocrática.
Pero el problema no es solo de herramientas. Es cultural. La lentitud se naturalizó. La responsabilidad se fragmentó. Y la falta de resultados no trae consecuencias. No hay sanciones por demoras injustificadas. No hay informes públicos sobre productividad. No hay una mirada honesta hacia adentro. El Poder Judicial pide respeto, pero rara vez ofrece transparencia.
Las consecuencias las paga la gente. Para las víctimas, la mora es una forma de revictimización; es volver a empezar una y otra vez sin llegar nunca a una respuesta. Para los imputados, es un proceso interminable que tampoco respeta sus garantías. Para la sociedad, es la certeza amarga de que la justicia, cuando llega, llega tarde. Y una justicia tardía es casi una no-justicia.
Catamarca necesita un Poder Judicial que entienda que la mora no es un destino inevitable. Es una decisión. Y que los plazos no son detalles técnicos, sino una parte esencial del servicio que debe prestar. Porque la confianza no se gana con solemnidad, sino con resultados.
Mientras la mora siga siendo el engranaje perfecto para que nada cambie, la provincia quedará atrapada en un sistema que administra la justicia con lentitud, la comunica con distancia y la ejerce sin apremio. Un poder que siempre llega tarde deja de ser poder: se convierte en una sombra que mira pasar la realidad sin intervenir.
La justicia no puede seguir esperando. Y la sociedad de Catamarca tampoco.
