El caso del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, volvió a exponer con crudeza las contradicciones, los silencios y la profundidad de la grieta política que atraviesa a la sociedad argentina y, en particular, a Catamarca. Pero el punto de inflexión no fue únicamente la detención del efectivo, sino la reacción política que se desató tras conocerse la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.
La polémica estalló cuando la senadora nacional Lucía Corpacci, referente histórica del peronismo catamarqueño y exgobernadora, exigió públicamente la liberación de Maduro. La reacción fue inmediata: todo el arco opositor provincial se expresó con énfasis en redes sociales, repudiando el planteo y señalando lo que consideraron una defensa inadmisible de un régimen autoritario, mientras un ciudadano catamarqueño permanece detenido sin garantías claras.
El debate escaló rápidamente y, como suele ocurrir en estos tiempos, cruzó límites. Hubo expresiones políticas firmes, pero también agravios personales e insultos dirigidos a la senadora, que lejos estuvieron de enriquecer la discusión de fondo. Sin embargo, más allá del ruido, lo verdaderamente llamativo fue otra cosa: el silencio.
Ninguna figura de peso del oficialismo provincial salió a respaldar a Corpacci. Ni dirigentes de primera línea, ni funcionarios, ni referentes históricos del peronismo catamarqueño. Ese vacío político se volvió ensordecedor. La única defensa explícita llegó días después, de la mano del diputado provincial Germán Scolamieri, exasesor de la exmandataria. Un gesto solitario que, lejos de cerrar filas, confirmó la orfandad política en la que quedó una de las figuras centrales del justicialismo local.
«La grieta, una vez más, abre más preguntas que respuestas y deja la incómoda sospecha de que, cuando el enfrentamiento ideológico manda, la humanidad queda relegada».
A ese cuadro se suma un cuestionamiento central que la oposición le endilga directamente a Lucía Corpacci: si existe —como ella misma ha expresado en reiteradas oportunidades— una relación política estrecha con Cristina Fernández de Kirchner, quien a su vez supo ser aliada estratégica del régimen de Nicolás Maduro, ¿por qué nunca pidió que esa cercanía se traduzca en una gestión concreta para lograr la liberación del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo? El interrogante incomoda aún más cuando se plantea si el silencio obedece a que la detención ocurrió durante el gobierno de Javier Milei. Para muchos, la sensación es amarga: que el destino de un catamarqueño habría quedado librado a su suerte por una cuestión estrictamente política. La grieta, una vez más, abre más preguntas que respuestas y deja la incómoda sospecha de que, cuando el enfrentamiento ideológico manda, la humanidad queda relegada.
El caso Gallo, entonces, dejó de ser solo un drama humano y diplomático para convertirse en un espejo incómodo del escenario político. La grieta no solo divide a la sociedad entre oficialismo y oposición, sino que también atraviesa internamente a los propios espacios de poder.
En este contexto, la discusión se empobreció. Se habló más de Maduro que de Gallo; más de alineamientos ideológicos que de derechos humanos concretos; más de lealtades partidarias que de la responsabilidad institucional frente a un catamarqueño detenido en el exterior.
La grieta, una vez más, ganó la escena. Y cuando eso ocurre, casi siempre se pierde lo esencial: la posibilidad de un debate serio, humano y responsable, que ponga a las personas por encima de las banderas. El caso Nahuel Gallo seguirá generando posicionamientos. La pregunta es si, alguna vez, logrará generar consensos.
