La resolución de la Corte de Justicia de Catamarca en el caso del crimen del policía Carlos Diego Chávez no solo reabrió una herida judicial: terminó de desnudar una crisis de credibilidad que atraviesa al Poder Judicial provincial desde hace años. La nulidad del veredicto del jurado popular y la inmediata liberación de José Javier Aguilar, tras casi cuatro años de detención, no fueron leídas por la sociedad como un acto de estricta legalidad constitucional. Fueron percibidas, mayoritariamente, como un gesto de la casta judicial protegiéndose a sí misma.
El dato que detonó la indignación pública fue tan simple como devastador: el abogado defensor es Jorge Rafael Bracamonte (h), hijo del juez de la Corte, Jorge Bracamonte. A partir de allí, cualquier explicación técnica quedó sepultada bajo una sospecha imposible de disipar en una provincia pequeña, donde todos se conocen y donde la independencia judicial no solo debe existir, sino también parecerlo.
La Corte podrá invocar plazos vencidos, tratados internacionales y principios de inocencia. Todo eso es jurídicamente atendible. Lo que no resulta atendible —ni tolerable— es que una decisión de semejante impacto social y simbólico esté atravesada por un vínculo familiar directo entre un juez del máximo tribunal y el defensor del acusado de haber matado a un policía en cumplimiento del deber. Aunque el juez no haya firmado la resolución, el daño institucional ya estaba hecho.
El mensaje que recibió la sociedad fue brutal: la Justicia puede anular un fallo de un jurado popular, liberar a un condenado por homicidio calificado y hacerlo en un contexto donde los apellidos pesan más que las víctimas. No se trata solo de Aguilar caminando en libertad bajo reglas de conducta; se trata de la familia de Carlos Diego Chávez viendo cómo el sistema vuelve a fallarles, ahora desde lo más alto.
El juicio por jurados había sido presentado como una herramienta de democratización judicial, como una forma de acercar la Justicia a la ciudadanía. Un grupo de ciudadanos escuchó las pruebas, evaluó los hechos y declaró culpable al acusado. La Corte, con un tecnicismo procesal, borró ese veredicto y sentó un precedente peligrosísimo: cuando el fallo no gusta, se anula. Cuando el tiempo pasa, se libera. Cuando el defensor tiene el apellido correcto, el sistema parece aceitarse con mayor rapidez.
La reacción social contra el juez Bracamonte no es un linchamiento mediático ni un capricho populista. Es la expresión de una desconfianza profunda, acumulada, casi estructural, hacia una Justicia que rara vez rinde cuentas y que se mueve en círculos cerrados, endogámicos, impermeables al dolor social. La figura del juez imparcial se desdibuja cuando la Corte se transforma en un club de familias, herencias y vínculos cruzados.
Desde la propia Policía de Catamarca llegó una de las reacciones más contundentes, cargada de enojo y desazón institucional. En un mensaje que circuló con fuerza puertas adentro y rápidamente trascendió al ámbito público, la fuerza expresó su “profunda indignación” frente a la decisión judicial, al considerar que el fallo no solo revictimiza a la familia del agente Carlos Diego Chávez, sino que también envía una señal devastadora a quienes cumplen funciones de seguridad. El pronunciamiento advierte que la anulación del veredicto del jurado y la liberación del imputado erosionan la autoridad del Estado, desmoralizan a la tropa y refuerzan la percepción de que la Justicia opera desconectada de la realidad cotidiana, donde los policías arriesgan la vida sin garantías de que el sistema judicial los respalde cuando caen en cumplimiento del deber.
Catamarca no discute hoy solo una resolución judicial. Discute el sentido mismo de la Justicia. Discute si vale la pena denunciar, declarar, esperar años, confiar en un sistema que termina favoreciendo a quienes tienen recursos, tiempo y contactos. Discute si la vida de un policía —padre, esposo, trabajador del Estado— vale menos que la prolijidad formal de un expediente.
La Corte podrá ordenar un nuevo juicio. Podrá cumplir con cada formalidad legal. Pero el daño está hecho. La Justicia no vive solo de sentencias: vive de credibilidad. Y cuando esa credibilidad se pierde, no hay fallo que la repare.
En este contexto, la pregunta ya no es si la resolución fue legal. La pregunta es si fue legítima. Y hoy, para gran parte de la sociedad catamarqueña, la respuesta es un rotundo no.
