El exdiputado provincial sostuvo que quienes aspiran a gobernar Catamarca deben dar explicaciones sobre las actuaciones judiciales y también sobre su patrimonio. “Una investigación no condena a nadie”, afirmó.
El exdiputado provincial Daniel Lavatelli publicó un nuevo pronunciamiento en el que cuestionó la postura de Javier Galán frente a las investigaciones y denuncias judiciales que lo involucran, y sostuvo que cualquier persona que aspire a gobernar Catamarca debe estar dispuesta a que su actuación sea investigada por la Justicia.
“Me sorprende que una persona que pretende ser gobernador de Catamarca y que dice no tener nada que esconder cuestione que la Justicia quiera investigar los hechos que fueron denunciados”, expresó Lavatelli.
En su publicación, el exlegislador hizo referencia a distintas actuaciones judiciales que, según señaló, tienen como protagonista a Galán. Entre ellas mencionó una investigación por presunto peculado de trabajos o servicios, en la que —de acuerdo con sus dichos— permanece vigente un pedido de desafuero.
También señaló la existencia de investigaciones y denuncias vinculadas a presuntos delitos contra la integridad sexual. A su vez, recordó una causa en la que se investigaron amenazas calificadas y exacciones ilegales, aunque aclaró que recientemente la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto el pedido de desafuero relacionado con esos dos delitos.
Lavatelli remarcó que la existencia de denuncias o investigaciones no implica una condena ni determina la culpabilidad de una persona.
“Todo esto debe ser esclarecido por la Justicia. Y una denuncia o una investigación, por supuesto, no significa una condena ni determina culpabilidad. Para eso existe justamente la Justicia, el derecho a defensa y el debido proceso”, sostuvo.
Lavatelli planteó uno de los ejes centrales de su cuestionamiento: la necesidad de que las personas que ejercen o pretenden ejercer cargos públicos acepten el control de las instituciones judiciales.
“Si realmente no hay nada que esconder, ¿por qué tanto temor a que la Justicia investigue?”, preguntó el exdiputado.
En ese sentido, cuestionó además la idea de presentar a jueces y fiscales como parte de una supuesta conspiración. “No todos los jueces y fiscales son ‘malvados’ ni forman parte de una conspiración”, afirmó, al tiempo que sostuvo que existen funcionarios judiciales que cumplen con su obligación de investigar cuando reciben una denuncia.
El exdiputado también llevó su planteo al terreno de la transparencia patrimonial, al considerar que quienes aspiran a administrar los recursos públicos deben brindar información sobre el origen y composición de sus bienes.
“La sociedad tiene derecho a saber cómo construyó su patrimonio quien pretende administrar los recursos de todos los catamarqueños”, expresó.
Para Lavatelli, la transparencia no debería limitarse a declaraciones públicas sobre la inexistencia de irregularidades, sino que debería estar acompañada por información que permita a la sociedad conocer y controlar la situación patrimonial de quienes buscan ocupar cargos de responsabilidad.
“Decir ‘no tengo nada que esconder’ está bien, pero mucho mejor es demostrarlo con transparencia y con información pública”, sostuvo.
Finalmente, el exlegislador insistió en que las investigaciones judiciales deben continuar su curso y que corresponde a la Justicia determinar qué ocurrió y qué no ocurrió.
“Una investigación no condena a nadie. Pero impedir o cuestionar que la Justicia investigue tampoco demuestra inocencia”, concluyó.
Lavatelli cerró su publicación con una definición sobre el rol que, a su criterio, deben asumir las distintas instituciones: “La Justicia debe investigar. La política debe dar explicaciones. Y la sociedad tiene derecho a saber.”
Cabe señalar que las acusaciones y referencias a delitos mencionadas en esta nota corresponden a lo expresado públicamente por Lavatelli y a su descripción de las actuaciones judiciales. La existencia de una denuncia o investigación no implica culpabilidad, y cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada mediante el correspondiente proceso judicial y con respeto al derecho de defensa y al debido proceso.
