En medio de una profunda crisis económica y una inflación que no da tregua, los gobiernos provinciales del norte argentino parecen haber optado por caminos opuestos a la hora de enfrentar la pérdida del poder adquisitivo de sus trabajadores. Mientras Santiago del Estero anuncia bonos extraordinarios millonarios, Catamarca ofrece sumas parciales, bimestrales y atrasadas, que desnudan la precariedad y lentitud en su política salarial.
Santiago del Estero: contundencia y alivio inmediato
El gobernador Gerardo Zamora sorprendió esta semana al anunciar el pago de un bono aguinaldo de $1.000.000, distribuido en dos cuotas ($500.000 en julio y $500.000 en agosto), además de un bono de fin de año de $2.100.000, que será abonado entre octubre y diciembre en cuotas mensuales de $700.000.
A esto se suma una decisión política clara: extender este beneficio a empleados municipales, y, en caso de falta de fondos, el gobierno provincial garantiza la cobertura con financiamiento propio. Todo esto en el marco de sumas no remunerativas, exentas de descuentos y de impacto inmediato en el bolsillo de los trabajadores.
Catamarca: aumentos condicionados y pagos simbólicos
En contraposición, el gobierno de Raúl Jalil anunció un acuerdo con los gremios estatales ATE y UPCN que contempla un aumento salarial atado al IPC, pero con actualización recién desde septiembre, en base a los índices de julio y agosto. Es decir, los aumentos llegan tarde y pierden eficacia frente a la inflación mensual acumulada.
Además, el salario mínimo neto garantizado apenas alcanza los $800.000, y lo hará recién en septiembre, mientras que los trabajadores recibirán una suma extraordinaria por única vez de apenas $60.000 el 22 de julio. En comparación con el bono de $1.000.000 que recibirán los santiagueños en ese mismo mes, la propuesta catamarqueña parece, directamente, una burla.
Incluso el adicional no remunerativo acordado ($60.000 en julio y $80.000 en septiembre) no alcanza ni un 10% de lo que otorgará Santiago del Estero sólo en julio, dejando en evidencia la precariedad del esfuerzo financiero de Catamarca, o peor aún, la decisión política de sostener salarios bajos mientras se engrosan otros gastos del Estado.
Un contraste que genera malestar
La diferencia no es solo numérica: es simbólica, estructural y política. En Santiago del Estero, el gobierno adopta una postura activa frente a la crisis, otorgando un alivio concreto a los trabajadores. En Catamarca, se continúa con una estrategia de dilación, promesas a futuro y sumas mínimas que no alcanzan para cubrir la canasta básica.
La situación genera un creciente malestar entre los empleados públicos catamarqueños, especialmente docentes, que desde hace meses protagonizan movilizaciones y reclamos. Aún así, el gobierno insiste en dialogar únicamente con gremios afines, mientras las bases —cansadas de las tibiezas— siguen en las calles.
¿Dos realidades, o dos formas de gestionar?
El contraste entre ambas provincias expone las prioridades de cada administración. Zamora responde con decisión y recursos. Jalil con demoras y paliativos. La pregunta que resuena entre los trabajadores catamarqueños es inevitable: ¿por qué si hay recursos en otras provincias, aquí solo se reparte austeridad?
En tiempos donde el bolsillo de los trabajadores está devastado, la diferencia entre un bono de $1.000.000 y uno de $60.000 no es solo una cuestión contable: es una decisión política. Y Catamarca, una vez más, parece haber elegido el lado de la mezquindad.
Mientras Catamarca promete migajas, Santiago del Estero reparte millones: la brecha salarial entre provincias del NOA
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