En un clima de creciente malestar social por el avance de causas vinculadas a estafas en Catamarca, el diputado provincial Javier Galán quedó en el centro de la polémica tras manifestar públicamente su respaldo al juez federal Miguel Ángel Contreras, una figura fuertemente cuestionada por su desempeño en investigaciones sensibles para la provincia.
Las declaraciones del legislador no pasaron desapercibidas. Por el contrario, reavivaron críticas de distintos sectores que vienen señalando presuntas demoras, omisiones y falta de respuestas concretas en causas que afectan a cientos —y según algunas estimaciones, miles— de damnificados.
Consultado sobre este posicionamiento, el abogado tucumano Alfredo Aydar fue categórico y elevó el tono del debate. “Es inadmisible que un representante del pueblo dedique su tiempo a ensalzar a un juez que ha hecho un papelón”, sostuvo, cuestionando no solo la actuación del magistrado sino también el rol político asumido por Galán.
Aydar, quien en los últimos meses se consolidó como una de las voces más críticas del funcionamiento judicial en la región, apuntó directamente contra Contreras al afirmar que su desempeño “ha sido inaceptable”, e incluso lo acusó de desentenderse del impacto social de las estafas. Según su mirada, existe una desconexión preocupante entre la justicia federal y la realidad de las víctimas.
El respaldo de Galán —difundido a través de un medio local también cuestionado por su credibilidad— profundizó la indignación en sectores de la sociedad catamarqueña. Para muchos, sus dichos no solo resultan inoportunos, sino que reflejan una preocupante falta de sensibilidad frente a quienes aún esperan respuestas judiciales.
Pero el cruce no se detuvo allí. Aydar fue más allá y vinculó la postura del legislador con su propia situación judicial. En declaraciones recientes, recordó que Galán enfrenta múltiples denuncias y cuestionó su silencio en otros episodios: “Nada dijo cuando veía a personas inocentes ser perseguidas judicialmente y soportar causas armadas”, disparó. Y remató con ironía: “Veremos si ahora sigue alabando a miembros de la Justicia”.
El episodio expone una tensión más profunda: la credibilidad del sistema judicial en Catamarca y el rol de la dirigencia política frente a causas que golpean directamente a la ciudadanía. Mientras crece la presión social, también se instala un interrogante incómodo: ¿quién controla a quienes deben garantizar justicia?
En este escenario, la controversia promete escalar. Con nuevas voces sumándose al debate, el caso podría convertirse en un punto de inflexión en la discusión sobre responsabilidad institucional, transparencia y defensa efectiva de los derechos de las víctimas en la provincia.
