El Tribunal de Cuentas de Catamarca, el órgano que debería garantizar el uso correcto y transparente de los recursos públicos, ha elevado al Poder Ejecutivo una propuesta de reforma de su Ley Orgánica. En los considerandos, del decreto acuerdo del Gobernador y los ministros, se habla de modernización, eficiencia, transparencia y fortalecimiento del control externo.
Pero en el primer artículo, lo que realmente se establece es un aumento de sueldos. Y no se trata de una ley común que pueda debatirse en profundidad: se presenta como decreto acuerdo, un mecanismo que solo nos permite a los legisladores aceptar o rechazar sin modificaciones. Y con el número del oficialismo, el resultado ya está cantado.
¿Dónde está la prioridad? ¿En mejorar el control de la hacienda pública, como marca la Constitución? ¿O en blindar privilegios mientras miles de catamarqueños viven con salarios que no alcanzan, hospitales sin insumos y escuelas deterioradas?
Este no es el camino de la transparencia ni de la responsabilidad pública. Es el camino de los acuerdos entre cúpulas, de espaldas a la ciudadanía.
La reforma que necesita el Tribunal de Cuentas es una que lo fortalezca como órgano de control, no que lo convierta en una elite incontrolable.
