En medio de un contexto critico que enfrenta el sistema educativo de la provincia, el diputado Tiago Puente (UCR) presentó un proyecto de ley que busca crear el Pacto Social por la Educación. Esta iniciativa se plantea como una herramienta normativa e institucional orientada a la construcción colectiva de una agenda educativa plural, participativa, transparente y legítima.
Este proyecto surge como una respuesta profunda a una crisis que sacude las bases del sistema educativo catamarqueño. Frente a este escenario, Puente propone una solución que trasciende las soluciones temporales o administrativas, “una herramienta normativa e institucional que invite a todos los actores a construir juntos el futuro de la educación en la provincia”.
El Pacto Social no busca imponer criterios externos ni sustituir a las autoridades educativas, sino fortalecer el rol del Estado y crear un espacio de articulación genuino entre políticas públicas y ciudadanía. Se trata, en palabras del propio diputado, de “una construcción colectiva y multisectorial de consensos duraderos sobre los pilares de la educación catamarqueña”.
Inspirado en los principios de la Ley Provincial de Educación N° 5381, que señala el derecho de la comunidad educativa a participar en el diseño de las políticas institucionales, proponiendo una estructura participativa real con representación de docentes, estudiantes, familias, universidades, legisladores y especialistas. Además, incorpora una visión moderna y adaptada a los nuevos desafíos, poniendo énfasis en la calidad, la inclusión, la innovación y la relación con el mundo laboral y la comunidad.
Como parte de su mecanismo, el Pacto Social contempla la creación de una Comisión Especial y una Mesa de Trabajo plural, que recibirán y sistematizarán ideas y propuestas, garantizando que las reformas y políticas futuras tengan respaldo social y democrático.
Con este proyecto, Puente pide al Ejecutivo Provincial que se responsabilice por las fallas del sistema educativo y abandone la necesidad de reformas labores y sociales impuestas desde arriba, abogando por una construcción participativa y estable que garantice el derecho a la educación como un bien público y un derecho social fundamental.
Finalmente, el legislador señalo que “este no es solo un gesto simbólico; es una oportunidad concreta para que todos podamos definir juntos qué educación queremos y cómo construirla. La ley debe ser producto del diálogo y la legitimidad social”, concluyó.
